El presidente Javier Milei será investigado por la justicia federal porteña a raíz de una denuncia que lo señala por no haber designado al titular del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), un cargo clave para regular el precio de la hoja verde y la yerba canchada. Así lo resolvió la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, que trasladó la causa al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2, Secretaría N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La causa se inició con la presentación judicial de cinco productores yerbateros de las localidades misioneras de Oberá y Aristóbulo del Valle. Denunciaron que el Ejecutivo nacional desoyó lo establecido por la Ley 25.564 al no nombrar a quien debía encabezar el INYM, lo que dejó a la industria sin conducción y, por lo tanto, sin precios mínimos de referencia para los productores. “El presidente de la Nación no ha cumplido con su obligación de designar un representante quien oficia conforme lo determina la reglamentación, como presidente del instituto”, expresaron en la denuncia.

El conflicto entre los pequeños productores y el Gobierno nacional arrancó a fines del año pasado, cuando se firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, con el que el oficialismo barrió con varias funciones del INYM. Entre otras cosas, el DNU eliminó la potestad de fijar precios mínimos y de ejercer controles sobre la actividad. Sin embargo, la Justicia misionera suspendió la aplicación de esos artículos tras los planteos del sector productivo y restituyó el esquema original de la ley.

Con el fallo que frenó parcialmente el DNU, el INYM recuperó sus funciones originales. Pero como el Poder Ejecutivo no designó a un presidente para el organismo, las atribuciones volvieron a quedar paralizadas. La falta de conducción dejó al mercado yerbatero “a la deriva”, según denunciaron los productores, que advirtieron sobre riesgos de sobreoferta, especulación y caída de ingresos.

La presentación inicial fue realizada ante el Juzgado Federal de Oberá, que rápidamente se declaró incompetente. Según ese tribunal, los hechos denunciados habían ocurrido en Buenos Aires, donde reside el Ejecutivo nacional. La Fiscalía Federal coincidió y planteó que los delitos invocados —abuso de autoridad y omisión de deberes de funcionario público— deben investigarse donde se debía cumplir con la acción omitida: es decir, en la capital.

Cuando el expediente aterrizó en los tribunales de Comodoro Py, el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 también rechazó la competencia. Alegó que las consecuencias del accionar presidencial repercutían directamente en Misiones, tanto en los productores denunciantes como en la sede del INYM. Esta situación generó una contienda de competencia negativa: ningún juez quería agarrar la causa.

Frente al tire y afloje judicial, intervino la Cámara Federal de Apelaciones de Posadas, que desempató aplicando la teoría de la ubicuidad: un delito puede considerarse cometido en el lugar donde se produce el resultado o donde se cometió la acción u omisión. En este caso, se priorizó facilitar la recolección de pruebas. “La presunta infracción al deber habría tenido lugar en el lugar en el que el sujeto competente debió observarlo y es ello lo que condiciona la competencia territorial”, argumentaron los jueces.

El Ministerio Público Fiscal respaldó esa postura. Consideró que los hechos denunciados se encuadran en una modalidad “omisiva”, es decir, que el delito se da por no hacer algo que se está obligado a hacer. “Quien habría incumplido los deberes legales se desenvuelve naturalmente en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentra la sede de la Presidencia de la Nación”, remarcaron.

La resolución de la Cámara recordó que el domicilio oficial del presidente es Balcarce 50 y remarcó que ese es el “extremo del asentamiento funcional del ejercicio de la función pública del denunciado”. Por eso, los magistrados decidieron: “Declarar competente para entender en estas actuaciones al Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 2 Secretaría N° 3 de Capital Federal”.

El próximo paso será que el juzgado porteño avance con la causa y evalúe si corresponde o no imputar al presidente. Aunque por el momento no se tomaron medidas procesales concretas, la investigación ya está formalmente abierta y bajo jurisdicción de Comodoro Py.