José López se presentó este lunes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py para acatar la orden judicial que lo obliga a cumplir su condena a seis años de prisión. El ex secretario de Obras Públicas llegó desde Santa Cruz, donde reside, y formalizó su entrega en el marco de la Causa Vialidad, cuyas sentencias quedaron firmes la semana pasada.

Como parte del trámite, López pidió que se le conceda el beneficio de la prisión domiciliaria, solicitando cumplir la pena en su vivienda de Río Gallegos. Su defensa alegó problemas psiquiátricos y razones de seguridad, ya que el ex funcionario fue imputado colaborador en la causa de los cuadernos, lo que, según su abogado, pone en riesgo su vida si vuelve al régimen penitenciario común.

En su presentación, López propuso como garante a su pareja, María Amalia Díaz, quien ya fue investigada en otra causa por ser presunta testaferro del ex funcionario y había sido condenada a dos años de prisión. Sin embargo, ese fallo fue dejado sin efecto por la Corte Suprema, que ordenó dictar una nueva sentencia. Con ella al frente del pedido, López pretende evitar el encierro en una cárcel del sistema federal.

El ex funcionario ya había estado detenido por otra causa, la del enriquecimiento ilícito, luego del famoso episodio de los bolsos con nueve millones de dólares que trató de esconder en un convento en 2016. Fue liberado en abril de 2021, tras pagar una fianza de 85 millones de pesos. Desde entonces, había fijado domicilio en la capital santacruceña, donde permanecía bajo vigilancia judicial.

La situación actual de López se enmarca en la confirmación de las condenas del caso Vialidad, donde además de él fueron sentenciados Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti y otros seis acusados. La decisión de la Corte Suprema de rechazar los recursos presentados dejó firme el fallo del Tribunal Oral Federal N°2, que ordenó la detención de todos los involucrados, con un plazo máximo de cinco días hábiles para presentarse ante la Justicia.

López fue condenado por administración fraudulenta en el direccionamiento de obras públicas a favor de empresas de Lázaro Báez durante su paso por la Secretaría de Obras Públicas entre 2003 y 2015. Si bien no fue señalado como autor intelectual de la maniobra, los jueces entendieron que tuvo un rol operativo clave para concretar los desvíos de fondos.

Ahora, el TOF 2 deberá resolver si le concede la prisión domiciliaria o lo envía a un establecimiento carcelario. Para tomar la decisión, se espera el informe de peritos médicos oficiales que determinarán si las condiciones psiquiátricas de López ameritan un régimen especial de cumplimiento de pena. También será clave el análisis de los riesgos que implica su condición de arrepentido en otra megacausa de corrupción, lo que podría ser considerado un factor determinante a la hora de definir su detención.