Jueces de todo el país repudiaron las amenazas a Rosatti tras el fallo Vialidad
Tras las críticas por la resolución donde la Corte Suprema dejó firme la condena a Cristina Kirchner y luego de un episodio intimidante al presidente del Máximo Tribunal, organizaciones de magistrados solicitan respeto a la institución judicial. La Casación Federal también expresó su solidaridad.
La Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de la República Argentina expresó su "más enérgico repudio" y "extrema preocupación" por las amenazas dirigidas contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en un contexto de "violencia institucional".
Mediante un comunicado, los integrantes de la Junta advirtieron que los hechos atentan contra "la normal vida democrática, la independencia del Poder Judicial de la Nación y la integridad del sistema republicano de gobierno".
En ese sentido, la Cámara Federal de Casación Penal, expresó su “solidario acompañamiento” a Rosatti y reafirmó su “compromiso de cumplir con objeto de afianzar la justicia para todos sus habitantes, proclamado en la Constitución Nacional”.
A esos pronunciamientos se sumaron con los propios la Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) y miembros del Consejo de la Magistratura
Cabe recordar que el martes por la noche, luego de conocerse el rechazo del recurso de queja presentado por la exmandataria en Vialidad, se reportaron pintadas en Santa Fe, en inmediaciones del domicilio del presidente de la Corte, con la leyenda “Rosatti ojo” y una línea curva que simulaba una “cara triste”. Como consecuencia de estos hechos, la custodia del lugar fue reforzada y se inició una investigación a cargo de la Unidad Fiscal Federal de Santa Fe. El jueves por la tarde, un hombre identificado como Roberto Mauricio Acosta fue detenido en su casa.
La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM), presidida por Marcelo Gallo Tagle, hizo pública “su profunda preocupación por el contenido de las manifestaciones públicas de diferentes sectores, que pretenden condicionar el ejercicio independiente de la función judicial, exteriorizadas a partir del pronunciamiento dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación".
“El respeto de ellos no solo importa un resguardo para los ciudadanos, sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno”, agregaron.
En un tercer pronunciamiento, el presidente de la FLAM y los jueces miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación emitieron una declaración conjunta en la que aseveraron: “es oportuno reafirmar el rol que ejerce el Poder Judicial como autoridad pública de aplicación de la ley. La ley resulta producto directo de los consensos que nos hemos dado en el ejercicio de la democracia y su observancia es condición necesaria para la vigencia de ese régimen”.
Este último comunicado fue firmado por el juez Gallo Tagle en su carácter de presidente de la FLAM y por Diego Barroetaveña, Alberto Lugones, Agustina Díaz Cordero y María Alejandra Provítola, como integrantes del Consejo de la Magistratura por el estamento judicial.