El Gobierno pasó la que probablemente haya sido la peor semana de su gestión, entre el crimen de Fabián Gutiérrez (utilizado políticamente por un sector de la oposición) y las marchas anti-cuarentena. Últimamente, todo parece indicar que el oficialismo pierde muy rápido el control de la agenda pública. Para romper con la inercia negativa, Fernández anunció el viernes una serie de planes para ejecutar en la post-pandemia: uno de ellos es -otra vez- la tan esperada reforma judicial. 

Los detalles de esa reforma generaron bastante ruido interno que frenó el avance de la idea. Por un lado, el ala más ligada al kirchnerismo tenía/tiene algunas propuestas con respecto a cómo mejorar el fuero federal, específicamente Comodoro Py. Por otra lado, la ministra Marcela Losardo, una de las personas más cercanas al Presidente, propuso generar un proyecto que no generara tanta rispidez con los Federales. La principal especulación es que se podrá descomprimir el panorama con una ampliación de la cantidad de juzgados federales para licuar un poco el poder de fuego. La figura de Gustavo Béliz, secretario de Asuntos Estratégicos, genera tanta desconfianza en Retiro como en el Instituto Patria.

Ahí también se revaloriza el trabajo del Consejo de la Magistratura, que ahora tiene en su poder varias ternas que importan. Lugares estratégicos como la Cámara Federal o el Juzgado Federal de La Plata (con competencia electoral) cotizan fuerte. El panorama se pone más interesante cuando se propone una posible ampliación de los juzgados que podría traer una ola de concursos para ocuparlos.

La otra punta en todo esto recae en la conformación del famoso Consejo Consultivo que se encargará de elevar propuestas y reformas para ciertos ámbitos, entre los que están el Consejo y la Corte Suprema. Más allá de algunos comentarios filosos dentro de la coalición del Frente de Todos, Fernández no piensa ni está interesado particularmente en una ampliación de la Corte.

A todo este panorama se le suma una cuestión más jurídica que política pero que al presidente le interesa: el paso al sistema acusatorio, o sea, a que las investigaciones sean encaradas por los fiscales y los jueces se conviertan en garantes del proceso pero que no manejen el mismo poder. De la mano de eso, el interés está conseguir que el pliego del candidato a la Procuración General de la Nación sea aprobado. Daniel Rafecas está en stand by desde que comenzó la pandemia: las negociaciones por los votos necesarios (dos tercios de los senadores presentes en una audiencia convocada para ello) es un número difícil pero no imposible. El rol del Procurador, cómo se adapta un esquema de fiscalías para convertirlas en centrales dentro del proceso penal y los recursos que se van a necesitar para eso también entran en la discusión.

El famoso consejo de mejoramiento institucional también podrá hacer recomendaciones sobre el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal. Para eso, la idea es que ya está aprobado o encaminado a hacerlo el pliego de Rafecas. Desde Gobierno no quieren encarar una reforma profunda sin tener a la persona que Alberto eligió para ese lugar. 

En 10 días, el presidente dijo que el proyecto de reforma estará presentado en el Congreso. Las apuestas ya están en marcha tanto en Comodoro Py como en el Palacio. ¿Cumplirá esta vez?