La Cámara Federal porteña ordenó que se le tome indagatoria al exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, como principal responsable del atentado a un comedor de la Policía Federal, ocurrido en julio de 1976, que tuvo como consecuencia 24 muertos y 60 heridos.

Lo que se resolvió tiene que ver con lo ocurrido el 2 de julio de 1976 cuando una bomba detonó en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, ubicada en Moreno 1431, en el barrio de Monserrat. La organización Montoneros se atribuyó lo ocurrido. 

En un claro giro a las posturas y a la jurisprudencia actuales, los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens le ordenaron a la jueza María Servini que indague a Firmenich y que lleve adelante medidas de prueba para determinar más imputados. En el fallo, aseguraron que el caso no estaba prescripto por lo que revocaron los sobreseimientos de Horacio Verbitsky, Laura Silvia Sofovich, Miguel Ángel Lauletta, Lila Victoria Pastoriza, Norma Walsh y Carlos Aznares.

“El suceso nunca fue siquiera mínimamente investigado por el Estado”, sostuvieron. "Es necesario -diríamos imprescindible- realizar los mayores esfuerzos, desde la justicia, para reparar precisamente el valor justicia que se ha venido denegando a las víctimas”, marcaron los jueces Bruglia y Bertuzzi.

Lo curioso es que en 2006, Servini había rechazado una denuncia contra los señalados como autores del atentado por entender que no era un crimen de lesa humanidad. La Cámara Federal lo ratificó y dijo en ese momento que Montoneros no era "una organización entendida en esos términos, por lo que es equivocado sostener que los delitos a ella atribuidos constituyan crímenes contra la humanidad”. El caso fue a la Corte Suprema que confirmó lo actuado

No obstante, a fin del 2021, organizaciones civiles y abogados relacionados con los detenidos y condenados por delitos de lesa se presentaron en el juzgado para pedir la reapertura de la causa y solicitar que sea declarado imprescriptible . Pidieron indagatorias y las detenciones. Servini lo rechazó pero hace dos años, la Cámara Federal consideró que debían tomarse otras medidas, cambiando entonces su postura inicial.

La jueza junto con el fiscal consideraron de nuevo que l cuestión había quedado zanjada y que no eran delitos de lesa humanidad y que esa postura incluso había sido avalada por la Corte. Sin embargo, los tres camaristas Bruglia, Bertuzzi y Llorens ahora decidieron ordenar lo que habían pedido organizaciones como la Asociación Defensores de DDHH Latinoamericanos, la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Terrorismo, la Asociación de Abogados por la Justicia y la Concordia, y la Asociación de Familiares y Amigos de Presos Políticos.

Además, les dio la potestad a los denunciantes para que sean acusadores privados y puedan pedir medidas de prueba y decisiones dentro del expediente.