Por mayoría, la sala 4 de la Cámara Federal de Casación resolvió que la causa por presunto espionaje ilegal realizado por la Agencia Federal de inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri pase a la órbita de Comodoro Py.

Con esta decisión, tomada por los jueces Mariano Borinsky y Javier Carbajo, el expediente deja de estar en las manos del juez Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. En disidencia, votó la jueza Angela Ledesma.

El dato no menor es que ahora intervendrá el fiscal Carlos Stornelli, quien se encuentra procesado en una causa similar que llevó adelante el ex ex juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, ahora con destino en el juezgado electoral de La Plata.

El hecho de que la causa pase entera a Py lo habían reclamado desde imputados hasta "damnificados del espionaje". Darío Nieto, Gustavo Arribas, Silvia Majdalani, María Eugenia Vidal y Horacio Rodriguez Larreta fueron los que insistieron para que Comodoro Py se haga cargo de la investigación.

La justicia de Lomas no había aceptado ninguno de esos planteos. Es más, todavía estaba pendiente la situación procesal en el tramo principal de la causa donde se hace foco en todos los seguimientos ilegales a políticos. La fiscalía había reclamado procesamientos para casi todo (y la falta de mérito para Nieto).

Los jueces Borinsky y Carbajo hablaron en su voto conjunto de la importancia de que el expediente se mantenga todo junto y marcaron que debía definirse el lugar donde se seguiría la investigación.

"De la descripción de la plataforma fáctica del presente caso se desprende que su núcleo se habría cometido en la ciudad de Buenos Aires, mientras que algunas de sus ramificaciones habrían sucedido en la Provincia de Buenos Aires. Esto es: ni se ignora ni hay dudas de dónde se habrían cometido los hechos; lo que determina que deba utilizarse la regla general prevista en el Código de Procedimientos, de conformidad con el principio que emana de la Constitución Nacional", indicaron. 

En esa línea, sostuvieron: "la jurisdicción territorial en donde, tal como lo sostiene la acusación pública, se habría cometido el núcleo de los hechos investigados -la ciudad de Buenos Aires- es aquella en donde debe continuarse la presente investigación".

Por las dudas, quizás como forma de "aclarar" un poco su intervención, los jueces de Casación dejaron un mensaje hacia el después: "consideramos necesario remarcar que lo aquí resuelto no implica, de ningún modo, retrotraer la investigación a etapas ya superadas, demorar el curso de la investigación, desvirtuar las medidas de prueba existente o por producirse ni invalidar lo actuado hasta ahora en la jurisdicción federal de Lomas de Zamora".

La jueza Ángela Ledesma quedó sola en sus planteos: ella fue quién respaldó en la resolución al juez Augé y quien consideró que la causa debía quedar en Lomas. Dijo que hay hechos cometidos en varias jurisdicciones, que no alcanza con que la sede de la AFI o del Gobierno estén en la Ciudad como forma de sustentar que la causa quede en Py y recordó que ante la dificultad de definir donde se investiga un hecho, debe quedar bajo el mando del juez que intervino en primer lugar.

Hizo hincapié en la cantidad de indagatorias tomadas, en el avance de la causa y en la magnitud que tiene. "Un desplazamiento a esta altura, podría neutralizar tales avances o al menos suspender provisoriamente su curso hasta tanto las nuevas autoridades a cargo estudien el caso y analicen las alternativas de su continuación evaluando posibles cambios", sostuvo la jueza pero quedó sola en su postura.

Ahora, será cuestión de ver a qué juez le tocará el mega expediente. La magistrada María Eugenia Capuchetti parecería ser la elegida, ya que los planteos cayeron en su juzgado aunque ella en su momento rechazó intervenir y consideró que correspondía la competencia de Lomas de Zamora.

En Py, de todas formas, nunca se sabe: puede haber excusaciones, recusaciones y jueces o fiscales que reclamen por algún motivo este mega expediente.