La Corte Suprema de Justicia designó a dos conjueces para desempatar en la causa conocida como “La Rosadita”, donde está condenado el empresario santacruceño Lázaro Báez junto a otros imputados por presunto lavado de dinero. El sorteo, que se realizó este lunes por la mañana, respondió a la imposibilidad de alcanzar un criterio unánime entre los tres jueces que actualmente integran el máximo tribunal.

Los nuevos integrantes que se sumarán para destrabar la definición son Mariano Lozano, de la Cámara de General Roca, y Ramón González, de la Cámara Federal de Corrientes. Como suplentes quedaron definidos Jorge Di Lorenzo (Cámara Federal de La Plata) y Guillermo Antelo (Cámara Civil y Comercial Federal). La incorporación de estos conjueces permitirá finalmente avanzar con el análisis de los recursos presentados contra las condenas que datan del 2021.

La necesidad de incorporar nuevos jueces responde a un conflicto interno en la Corte: mientras que Carlos Rosenkrantz habría expresado su voluntad de revisar las condenas —lo que podría derivar en su revocación—, sus colegas Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti no comparten esa mirada. Esa grieta jurídica paralizó la definición durante meses. “Los conjueces podrán pronunciarse a favor de confirmar alguna o todas las condenas o, por el contrario, sumarse a la idea de revocarlas”, explicaron fuentes cercanas al expediente.

Ramón Luis González, uno de los conjueces sorteados, tiene un recorrido con causas resonantes. Actualmente, su Cámara interviene en el caso Loan Peña. En abril de 2025 confirmó el procesamiento del comisario Walter Maciel y en julio hizo lo mismo con un miembro de Prefectura por amenazas en un contexto de violencia de género. En 2022 ya había sido convocado como conjuez en la causa de espionaje ilegal durante el macrismo, y además es autor del libro “Derecho Penal, parte general”.

Por su parte, Mariano Roberto Lozano acumula varios fallos de impacto. En abril pasado ratificó el procesamiento de un abogado sospechado de recibir coimas dentro de la AFIP. También firmó resoluciones relevantes sobre comunidades mapuche en Villa Mascardi y Vaca Muerta, e intervino en el sobreseimiento del juez Gustavo Villanueva, en una causa iniciada en 2017 durante la gestión de Patricia Bullrich en Seguridad.

En este caso se investiga una maniobra de lavado de activos por más de 54 millones de dólares, donde Austral Construcciones, a través de una financiera, expatrió el dinero y luego lo reingresó al país mediante la compra de bonos argentinos.

El Tribunal Oral Federal 4 consideró que el origen de los fondos era la evasión fiscal e impositiva, mientras que una minoría del tribunal apuntó al direccionamiento de contratos de obra pública hacia Báez, elemento que conecta directamente con la causa Vialidad, donde fue condenada la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Las condenas que están bajo revisión incluyen 10 años de cárcel para Lázaro Báez, 6 años y medio para su hijo Martín, y otras penas de entre 2 y 6 años para figuras como Jorge Fariña, Fabián Rossi, Daniel Pérez Gadín, Jorge Chueco, entre otros. Los recursos para apelar las penas ingresaron a la Corte en junio de 2023, pero recién ahora, con los conjueces en funciones, el tribunal podrá definir si las rechaza sin analizar el fondo —vía artículo 280— o si se mete de lleno en el análisis jurídico.

La designación de los conjueces también podría abrir la puerta a fallos cruzados entre causas ligadas al kirchnerismo, ya que “La Rosadita” se considera un delito precedente de la causa Vialidad. Así, cualquier movimiento en una de las causas podría arrastrar implicancias políticas y judiciales en la otra.

Los nuevos conjueces ya fueron notificados de su designación y deberán responder a la Corte si aceptan el cargo. Una vez que lo hagan, estarán habilitados para intervenir en uno de los expedientes más emblemáticos de los últimos años, cuya resolución podría sacudir nuevamente el tablero judicial y político en la Argentina.