La Corte tendrá la última palabra en un reclamo por las patentes de semillas transgénicas
Los ministros tienen en sus despachos una causa impulsada por la empresa Monsanto, de gran impacto en la agricultura y el sector económico. Organización civiles reclaman audiencias públicas para escuchar las opiniones de especialistas.
La Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos una causa impulsada por la empresa Monsanto -del grupo Bayer-, en la que se discute el régimen de patentes sobre semillas genéticamente modificadas. La causa, que ya circula por los despachos de los ministros, es un reclamo de la firma contra el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), a fin de que se le conceda una solicitud de patente.
En concreto, la compañía sostuvo que el denominado evento MON89788 "no sólo provoca que el cultivo de soja tolere el glifosato, sino que también le confiere la capacidad de tener mayor rendimiento", lo que implica "un logro ostensible e innovador".
En el país rige un régimen de protección de propiedad específico sobre semillas -ley 20.247-, distinto al de patentes. Al mismo tiempo, para sea aplicable la ley de Patentes de Invención y Modelos de Utilidad debe existir actividad inventiva, algo que, según el INPI, la firma no puede mostrar en las semillas.
Esta normativa también excluye expresamente del patentamiento "toda clase de materia viva y sustancias preexistentes en la naturaleza", mientras que por el decreto 260/96 no se considerara materia patentable a las plantas, los animales y los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción.
"No son patentables ni las plantas ni los procedimientos esencialmente biológicos para su reproducción, sin diferenciar si se trata de especímenes transgénicos o no", argumentó el INPI.
La empresa impulsó tres causas similares y en dos "cosechó" rechazos parte de la Sala III de la Cámara Federal Civil y Comercial de la Ciudad de Buenos Aires y del Juzgado n°7 del mismo fuero. Pero luego logró el reconocimiento de la Sala I sobre una secuencia genética referida a la soja.
Esta última decisión fue recurrida por el organismo nacional y así el caso llegó a estudio del Máximo Tribunal, que ahora deberá intervenir en el conflicto de gran impacto en la actividad agrícola y la economía nacional.
En este escenario, un grupo de organizaciones civiles solicitaron que se le imprima al caso "el trámite de una causa colectiva con interés público significativo, convocando a una audiencia pública".
Se trata de un reclamo, encabezado por el espacio Naturaleza de Derecho, mediante el cual se solicita a la Corte que permita la "participación amplia de la sociedad" y la incorporación de "amicus curiae" -amigo del tribunal-, tal como sucedió recientemente en la causa sobre los alcances del cannabis medicinal. Esta figura, cada vez más utilizada, permite en determinados procesos judiciales que terceros -ajenos a la causa- puedan ofrecer una opinión basada en argumentos de carácter jurídico, técnico o científico.