El gobernador Martín Llaryora volverá a poner el cuerpo en la disputa con el Gobierno nacional por la deuda que mantiene la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Este miércoles 14 de mayo, el mandatario estará presente en la segunda audiencia de conciliación convocada por la Corte Suprema de Justicia, en un reclamo que ya lleva años en la agenda, pero que escaló al límite con la llegada del libertario Javier Milei al poder.

La discusión no es nueva, pero el volumen que alcanzó ahora es récord: la deuda actualizada con intereses y los cinco meses de 2024 donde no se giró un solo peso alcanza los 1.000 millones de dólares, según cálculos de fuentes oficiales cordobesas. Desde la asunción del nuevo presidente, la Nación no envió ni un centavo a la caja provincial. El último desembolso fue en diciembre de 2023, cuando todavía regía una orden de pago firmada por la gestión de Alberto Fernández.

El planteo judicial de Córdoba incluye dos expedientes iniciados por el exgobernador Juan Schiaretti en 2023, a los que Llaryora sumó el reclamo por los fondos retenidos durante todo el 2024. En ese contexto, el objetivo de la provincia es claro: recuperar un flujo mensual constante, como corresponde por ley. “Nunca en la historia se giró cero pesos a Córdoba”, repite el gobernador en sus discursos, dejando en claro que esta vez el enfrentamiento podría llegar hasta el final.

Al mandatario provincial lo acompañarán a la audiencia su equipo más cercano: el fiscal de Estado, Jorge Córdoba, y los ministros Guillermo Acosta (Economía), Julián López (Justicia) y Daniel Pastore (Vinculación Comunitaria y Comunicación). El pedido es concreto: que los funcionarios nacionales presenten una oferta de pago razonable para evitar que sea la Corte la que defina el resultado del conflicto.

Desde el entorno de Llaryora aseguran que la postura tiene sustento. El reclamo cordobés se apoya en normas vigentes que, en experiencias previas, ya llevaron al máximo tribunal a fallar a favor de las provincias. “Lo que está haciendo la Corte hoy es un llamado a la reflexión. Esto es defender la República”, dijo el gobernador días antes de la primera audiencia, celebrada el pasado 23 de abril.

Pero además del frente judicial, Córdoba también apuesta a una salida política. Llaryora busca incluir la deuda dentro del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, al que adhirió en 2023. Esa herramienta le permitiría negociar con Nación una compensación alternativa, que incluya activos estatales a modo de pago. Entre los bienes que la provincia estaría dispuesta a aceptar se mencionan tierras fiscales, la Central Nuclear de Embalse, la fábrica militar Fadea, más de 11 mil hectáreas de la Reserva Natural de Defensa La Calera y una Cárcel Federal que aún no fue construida.

El Decreto 969/2024, publicado por la gestión cordobesa, habilita al gobernador a negociar con Nación usando este mecanismo, que contempla “la cesión de tierras, empresas, rutas y otros bienes para cancelar deudas con provincias”. Bajo ese marco, ambas jurisdicciones podrían acordar compensaciones, reconocimientos y conciliaciones que tiendan a resolver las obligaciones cruzadas. La pregunta es si desde Casa Rosada están dispuestos a poner algo arriba de la mesa o dejar que la Corte decida.

La Corte Suprema, que ya falló a favor de Córdoba en 2014 en una situación similar, tendrá que analizar el caso si no hay acuerdo. Para ese entonces, la deuda también era por fondos previsionales no girados, y el máximo tribunal le dio la razón a la provincia. Ahora, todo indica que si la Nación sigue sin cumplir, la historia podría repetirse.