La trama detrás del colapso de la criptomoneda $LIBRA se sigue enredando con nombres del más alto nivel político. Mientras en la Cámara de Diputados se demora la definición de la comisión bicameral que debe investigar el presunto fraude financiero con impacto global, la causa judicial por la que ya fue imputado el presidente Javier Milei acaba de sumar un nuevo capítulo: el abogado Gregorio Dalbón pidió que el mandatario sea citado a declaración indagatoria por haber “promocionado directamente” la estafa.

El caso ya arrastra una serie de elementos insólitos: el proyecto de comisión impulsado en el Congreso para investigar el escándalo quedó, por impulso de La Libertad Avanza, en manos de la diputada María Fernanda Araujo, quien en 2019 fue beneficiada con una probation en una causa por defraudación. Araujo había sido denunciada por gestionar préstamos a nombre de familiares de caídos en Malvinas sin su consentimiento y luego no pagar las deudas.

La iniciativa para conformar esa comisión, votada en el recinto a principios de abril, se convirtió desde entonces en terreno de disputa interna. Mientras el kirchnerismo y algunos sectores dialoguistas buscan que la presidencia del grupo de trabajo sea encabezada por la oposición, en el oficialismo empujan el nombre de Araujo, a pesar de los cuestionamientos por su antecedente judicial.

A la par, la causa penal por el colapso del token $LIBRA sigue acumulando documentación. Esta semana, Dalbón le pidió a la jueza María Servini que cite a indagatoria al propio presidente Milei por haber utilizado sus redes sociales para promover el token de manera directa, sin advertir sobre sus riesgos ni contar con el aval de ningún organismo de control. El 14 de febrero, Milei había publicado un posteo en X (antes Twitter) y en Instagram presentando $LIBRA como una alternativa cripto innovadora. Horas después, la cotización se desplomó, generando pérdidas que se estiman en 250 millones de dólares y más de 74 mil inversores afectados.

“La gravedad institucional del hecho no puede ser minimizada”, sostuvo Dalbón en su presentación, y agregó que el mandatario “no sólo promocionó un activo sin respaldo, sino que borró sus publicaciones horas después del derrumbe, lo que constituye un indicio de conciencia de ilicitud”. La denuncia sostiene además que las principales billeteras digitales utilizadas en la maniobra se encuentran etiquetadas con nombres como “Milei”, “Milei CATA” y “VladMilei”.

El escrito también documenta la relación del Presidente con los empresarios cripto involucrados: Mauricio Novelli, trader con acceso a la Casa Rosada; Julián Peh, fundador de KIP Protocol, quien se reunió personalmente con Milei; y Hayden Davis, CEO de Kelsier Ventures, la empresa que lanzó $LIBRA y que, según sus propias declaraciones, contó con el “apoyo explícito” del jefe de Estado.

Según la investigación, los fundadores del proyecto poseían tokens cuando valían menos de 0,50 dólares. Tras la promoción de Milei a las 19:01 horas del 14 de febrero, el valor se disparó a casi 5 dólares en cuestión de minutos. A las 22:00, ya con el precio inflado, los responsables vendieron sus activos, retiraron la liquidez del mercado y desaparecieron con casi 87,4 millones de dólares.

El Presidente, días después, eliminó el posteo y aclaró que se había limitado a "apoyar un emprendimiento privado". Para Dalbón, esa aclaración fue en sí misma una confesión: “No negó la autoría, simplemente dijo que no estaba interiorizado”.

Desde el entorno presidencial niegan cualquier participación del mandatario en la operatoria delictiva. Sin embargo, la justicia ya investiga si su rol puede encuadrarse en delitos como defraudación, cohecho, negociaciones incompatibles con la función pública e infracción a la Ley de Ética Pública.

En paralelo, también se investiga el alcance internacional del fraude. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI abrieron investigaciones por posible estafa transnacional. Además, el estudio jurídico Burwick Law de Nueva York presentó una demanda colectiva en representación de más de 200 damnificados por la caída del token.

Mientras tanto, el Congreso sigue sin designar formalmente a los miembros de la comisión bicameral encargada de investigar el caso. Y el nombre de Araujo, propuesto por el oficialismo, permanece congelado en medio de resistencias políticas y críticas externas. Desde la oposición temen que su eventual designación al frente de la comisión termine por deslegitimar el trabajo parlamentario y favorezca la impunidad en uno de los escándalos financieros más explosivos del gobierno libertario.

La jueza María Servini aún no respondió al pedido de citación a indagatoria a Milei, aunque en el entorno judicial se descuenta que deberá pronunciarse en las próximas semanas. La causa cuenta con más de 5.000 páginas de prueba digital, análisis de wallets, peritajes informáticos y decenas de declaraciones testimoniales. Entre los elementos más relevantes figuran los vínculos entre los desarrolladores del token y la Casa Rosada, además de los rastros financieros de las ganancias obtenidas por la venta fraudulenta de los criptoactivos.