Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola presentaron una apelación contra la prisión domiciliaria concedida a Cristina Fernández de Kirchner por la condena a seis años de cárcel en la causa Vialidad. En su presentación ante la Cámara Federal de Casación Penal, reclamaron que la exmandataria sea enviada a una unidad penitenciaria, al considerar que no se verifican los requisitos legales ni humanitarios para que cumpla la condena en su departamento de Constitución.

"La prisión domiciliaria concedida en la calle San José 1111 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un desatino más de los tantos desaciertos que ha llevado adelante el tribunal de ejecución desde el momento en que la Corte Suprema dejó firme la sentencia condenatoria", afirmaron los fiscales. Además, señalaron que la decisión implicó un "trato desigual frente a los otros ocho condenados", quienes sí se presentaron y ya se encuentran alojados en diferentes unidades del Servicio Penitenciario Federal.

Para Luciani y Mola, la edad de la ex presidenta (72 años) no justifica un beneficio de este tipo. "No se encontraban configuradas ni esgrimidas razones de salud o razones personales que, vinculadas a la edad, permitieran inferir que el encierro carcelario podía afectar el derecho a un trato digno o humanitario", sostuvieron. Y recordaron que en el informe socioambiental del pasado 12 de junio, la propia Cristina indicó estar "en buen estado de salud general".

En ese sentido, remarcaron que "la defensa no había demostrado (ni se advertía) que la privación de libertad en el establecimiento carcelario supusiera, por sí misma, un menoscabo a la vida o a la integridad personal". Y fueron más allá: "Jamás existieron motivos reales para apartarse de lo que constituye una clara regla del Código Penal y de la Ley de Ejecución de la Pena: la prisión debe cumplirse dentro de un establecimiento penitenciario".

El Tribunal Oral Federal 2 (integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso) había justificado la prisión domiciliaria por razones de seguridad, dado el rol institucional de la dirigente y el intento de homicidio que sufrió. Sin embargo, los fiscales cuestionaron también este argumento, al afirmar que el Ministerio de Seguridad había ofrecido alternativas de alojamiento que "mitigaban todo tipo de riesgo o vulneración del entorno de seguridad".

Luciani y Mola también pusieron el foco en las "reglas de conducta" impuestas en la resolución judicial, asegurando que se trata de "un margen de indefinición que ha sido aprovechado por la defensa para emitir constantes afrentas contra los jueces y fomentar manifestaciones violentas en la zona". Consideraron que esa situación no solo afecta a los vecinos del barrio porteño de Constitución, sino que también pone en riesgo la integridad física de la propia condenada, teniendo en cuenta el antecedente del atentado.

"Es imperioso que se revea el lugar donde Fernández cumple la prisión domiciliaria, a los efectos de preservar la tranquilidad y la seguridad de la persona condenada, de los vecinos y de las inmediaciones", concluyeron. Ahora será la Cámara de Casación Penal la que tendrá la última palabra sobre el futuro de la expresidenta.