Lo más probable es que Argentina vuelva a transitar por turbulencias macroeconómicas. En este contexto, desde la Fundación Libertad y Progreso, elaboramos un gráfico que revela la existencia de dos grupos de personas que tienen realidades diametralmente separadas. Por un lado, están los que pertenecen a un sector en decadencia y, por el otro, aquellos que parecen no sentir las crisis que padece nuestro país. Un dato no menos importante, es que la única diferencia entre ambos grupos son sus empleadores. Ambos desarrollan su vida en un mismo contexto; compran en el mismo supermercado, mandan a sus hijos a los mismos colegios y transitan las mismas calles. 

En este sentido, desde que empezó la pandemia, 89.247 asalariados privados perdieron su empleo, lo que representa una caída del 1,5%, mientras que se crearon 86.025 empleos públicos, marcando una suba del 2,7%. La grieta entre el sector público y el privado se profundizó con el COVID-19 aunque desde la crisis del 2018 ya venía gestándose. Desde diciembre del 2017, mientras que se perdieron 385.042 empleos privados, el empleo público creció en 131.805 puestos. En porcentaje, el privado cayó 6,1% en simultáneo al crecimiento del 4,2% del público.

Los datos muestran que, a la hora de enfrentar una crisis, es el sector privado el que termina realizando el ajuste mientras que el sector público sigue contratando trabajadores. Si para enfrentar una crisis como la del 2018 o la del COVID-19, el Estado contrata más trabajadores financiado mediante mayores impuestos o inflación, el sector privado se va a terminar asfixiando cada vez más como consecuencia de esta enorme presión tributaria. Además, la regulación laboral y la industria del juicio genera altos costos para todas las empresas, tanto MiPymes como las grandes, para contratar trabajadores. 

Argentina lleva 10 años de estancamiento. Como consecuencia de una economía que no solamente no arranca sino que cae, el empleo privado lo sufre. El estancamiento comenzó allá por 2011, cuando se acabó el boom de los commodities y se impuso el primer cepo cambiario del kirchnerismo. A partir de ese entonces, solo se creó empleo privado en épocas electorales con excepción a 2019. 

El ciclo económico electoral se inicia con un gobierno que expande el gasto público (obra pública, subsidios, etc.) para ganar elecciones. En un primer momento, eso genera un repunte de la actividad económica pero meramente de corto plazo. En definitiva, es lo que le importa al gobierno de turno. 

Eso es lo que se ve en los años impares (electorales). 2013, 2015 y 2017 son años en donde el empleo privado creció. Sin embargo, como Argentina no tiene perspectivas futuras que alienten la inversión privada que, en definitiva, es la única capaz de crear empleo de calidad, el rebote no se sostiene y entramos en un año de caída del PBI y de destrucción del empleo privado. 

A partir del 2018, un año que, en principio, prometía cortar con este ciclo de caída en los años pares, la economía se desplomó como consecuencia de la crisis de confianza que sufrió el gobierno de Cambiemos. El hecho de haber postergado las reformas estructurales no fue gratis y el mercado dejó de prestarle dinero a un gobierno que sostenía el gradualismo fiscal mediante endeudamiento. 

En 2020, la crisis que desencadenó la pandemia y la mala gestión económica del gobierno del Frente de Todos llevó a que la caída del empleo privado se profundizara. Con datos hasta julio del 2021, hay 385.042 empleos privados menos que el pico de diciembre de 2017.
En simultaneo, el empleo público parece no sentir las crisis, es más sigue creciendo. Desde diciembre del 2017 hasta julio del 2021, el empleo público creció en 131.805. En el medio pasaron dos crisis económicas. 

De esta manera, el Estado sigue incrementándose. La contrapartida de un Estado muy grande es una necesidad de financiamiento de la misma magnitud. El problema es que la sociedad argentina no está en condiciones de aportar esos recursos mediante impuestos. El resultado de esto es el financiamiento mediante emisión monetaria que nos lleva a vivir con una inflación superior al 50%.

En simultáneo, la legislación laboral, las regulaciones y la carga impositiva sobre el salario son factores que atentan contra la creación de empleo de calidad. De esta manera, contratar a un trabajador se volvería menos riesgoso y costoso para un empleador ya que no tendría que afrontar el pago de impuestos al trabajo y el riesgo que implica la industria del juicio. Como sucede también con la entrada de dólares cuando se impone un cepo. Si se impone un “cepo” para despedir empleados, tampoco se contratarán nuevos trabajadores. 

Para volver a retomar el camino de la creación de empleo privado, es necesario que crezca la inversión productiva. A mayor inversión, se incorpora más y mejor tecnología que mejora la productividad de los trabajadores y, por ende, se crea más empleo y los salarios reales suben.

Argentina debe insertarse en un círculo virtuoso de crecimiento, creación de empleo, mejoras salariales y estabilidad macroeconómica y salir del círculo vicioso de estancamiento, déficit fiscal e inflación en el que se encuentra actualmente. Para ello, hay que llevar a cabo una serie de reformas estructurales, dentro de las cuáles está la reforma laboral y, así, Argentina pueda volver a crear empleo privado con mejores salarios. Sin reformas estructurales que achiquen el Estado y den un marco de previsibilidad al sector privado, es impensable creer que el empleo privado crezca de manera genuina.