Si hay algo que caracteriza a la Corte Suprema es el timing. No van a encontrar en el cuarto piso de Tribunales acciones desproporcionadas, respuestas furibundas. Todo obedece a una institucionalidad y a la decisión de que muchas veces es mejor esperar a que todo se enfríe.

La carta de Cristina Fernández de Kirchner impactó de lleno en el Palacio y sus esquirlas se expandieron por todo el sistema judicial. También obligaron a ciertos integrantes del Gobierno Nacional a opinar más comprometidamente de lo que venían haciendo al respecto de la Corte y de los jueces. A ese cóctel se le suman los editoriales del fin de semana que anticiparon una guerra que por ahora parece lejana.

Más allá de las impresiones y las no respuestas (la nota de Ricardo Lorenzetti podría ser leída como una especie de advertencia muy diplomática); tres cuestiones se desprenden: la imposibilidad de llevar adelante un juicio político contra los jueces; lo crucial que serán las decisiones que deba tomar la Corte en 2021 y las decisiones que tome el Ejecutivo con respecto a las reformas.

La idea del juicio político había sido deslizada por el sector kirchnerista dentro del Frente de Todos pero fue rápidamente desestimada ante la dificultad de reunir los números necesarios (otras vez los dos tercios funcionan como freno ante situaciones de compleja institucionalidad). Tanto había sonado esta posibilidad que Santiago Cafiero tuvo que salir ‘en on’ a descartar esa opción, aunque compartió algunas de las críticas que vertió la vicepresidenta en su carta.

Justo la semana pasada se dio finalmente la reunión entre Alberto Fernández y la Comisión de Asesores que creó en agosto. Le entregaron el informe de mil páginas en un clima de cordialidad y ahora quedó al estudio del presidente y del Ministerio de Justicia las posibles reformas que podrían llevarse adelante, en un clima interno también enrarecido por el rol que está jugando la ministra Marcela Losardo.

La posibilidad de crear un tribunal intermedio antes de la Corte para sacarle volumen de causas a la Corte suena fuerte, aunque internamente eso es ampliamente criticado. “Quieren un sistema que sea más rápido y crean más instancias: ¿no es fomentar la burocracia?”, se preguntaba este fin de semana un juez en el chat que comparte con algunos de sus colegas. La otra punta que interesó en Casa Rosada es la posibilidad de modificar el régimen de dinero que maneja ahora el Poder Judicial. La situación presupuestaria de la Corte es totalmente distinta a la que enfrenta el Consejo de la Magistratura, que siempre está muy justo. ¿Será 2021 el año en que se vaya contra el famoso fondo anticíclico del Máximo Tribunal?

El viernes, a última hora, el Banco Central presentó ante la Corte un pedido de inconstitucionalidad de las leyes de la Ciudad de Buenos Aires que gravan los títulos públicos. Esta causa se suma a los trámites más jurídicos que políticos que debe resolver la Corte: la situación de la coparticipación que planteó Horacio Rodríguez Larreta.

Ese expediente, por ahora, se maneja con mucha calma. Los cinco integrantes supremos consideran que mientras haya diálogos políticos, su decisión podría leerse como una intromisión. El timing es otra vez clave y la definición del conflicto se podía dar bien entrado el 2021, con un contexto cambiado. Entre la presentación del jefe de Gobierno y el hoy se dictó la ley que regula el traspaso de las competencias en materia de seguridad.