El Inspector General de Justicia, Ricardo Nissen, pidió la intervención judicial del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), como también el desplazamiento de los integrantes de su comisión directiva presidida por Patricia Bullrich.

La actuación sumarial se inició en diciembre pasado, cuando se publicó una nota periodística en la que se refería que la presidenta del PRO preparaba un almuerzo con empresarios para financiar su campaña, y se refería que dichas donaciones se canalizaban a través de la asociación civil IEES.

Semanas más tarde saltó a la luz una investigación por supuestas contrataciones dudosas y dádivas, que podría involucrar al Instituto y que tiene acorralado al diputado Gerardo Milman, tal como contó Data Clave. El exfuncionario de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri era integrante (vocal) en la asociación, pero renunció tras este escándalo.

Para Nissen, “la información recolectada permite concluir que la asociación civil ha desplegado acciones ajenas a su objeto social y ha sido utilizada para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar”.

La IGJ pide la intervención judicial de una fundación presidida por Patricia Bullrich

Y continuó: “Experimentó un crecimiento sideral en materia de ingresos por seminarios y donaciones, coincidentes en muchas oportunidades con los movimientos de campaña política de la presidenta de la institución”.

Una mecánica similar se identificó en los egresos. A modo de ejemplo, la IGJ identificó que el IEES abonó una factura por $110.300 en concepto de pasajes aéreos a Salta, donde Bullrich viajó en el marco de su campaña como aspirante al sillón de Rivadavia.

Algo similar ocurrió en materia de hospedajes y servicios de catering, ya que la entidad civil abonó varias facturas en localidades donde la referente de Juntos por el Cambo realizó actos de cara a 2023. En el largo listado se destaca también un viaje a Miami, donde Bullrich participó del evento “Interamerican Institute for Democracy”.

El Instituto, según la resolución a la accedió Data Clave, también pagaba varias líneas telefónicas de titularidad del partido político “Unión por la Libertad”, agrupación partidaria fundada en 2003 bajo el nombre “Unión por Todos”, liderada por Bullrich y que le permitió postularse por aquel entonces como jefa de Gobierno porteña. 

Milman cobró, por su parte, más de $2.7000.000 a través de ocho factura por “servicio de coordinación de equipos”; mientras que Martín Siracusa, economista y exsubsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Seguridad, cobró otro monto millonario en concepto de honorarios. Asimismo, se abonaron consultores políticos y honorarios de personas que forman parte del equipo de campaña.

La IGJ pide la intervención judicial de una fundación presidida por Patricia Bullrich

“Pudo evidenciarse con claridad que los millonarios fondos obtenidos por la persona jurídica se procuraron a partir de la realización de encuentros/almuerzos en los cuales, bajo la pantalla de un seminario, se ventilaban asuntos que poco o nada tenían que ser con el objeto social”, señala el documento firmado por Nissen.