Una resolución de la jueza del caso del Correo Argentino colocó al borde de la quiebra a la empresa de los Macri cuyo intento por licuar su deuda millonaria durante el gobierno de Cambiemos es materia de investigación. El documento sostiene que el valor de las acciones de la empresa es nulo, de lo que se desprende que pudieron haber habido maniobras de vaciamiento tal como denunció la fiscal Gabriela Boquín.

Además, la magistrada dispuso que las personas físicas y jurídicas postuladas para el salvataje de la firma tienen veinte días para hacer sus ofertas y conseguir la conformidad de sus casi 800 acreedores, entre ellos el Estado. Los abogados del Correo Argentino aseguran que se trata de una ofensiva judicial que tiene "claro trasfondo político". Y siembran suspicacias sobre la celeridad con que la jueza Cirulli desestimó continuar con la instancia de “cramdown”, habilitando la posibilidad de iniciar la quiebra del Correo para luego avanzar sobre otros bienes del Grupo Socma y la familia Macri en apenas seis días.

Los ejes de la resolución confirman que las acciones de la empresa valen cero pesos y que su deuda se debe computar con intereses, tal como siempre planteó Boquín.  La firma le debe al Estado 4500 millones de pesos. Si el proceso de rescate no prospera será la controlante Socma --de la familia Macri-- la que deberá afrontar el pago de lo adeudado. 

El texto del fallo precisa que el Estudio Evaluador actuante presentó un informe en el que determinó que “atento a que el Pasivo es superior al Activo, el valor estimado del paquete accionario es cero”. La empresa de los Macri había intentado que se desestimara el informe del Evaluador, pero la jueza lo consideró pertinente, al subrayar que "el dictamen del Evaluador no es vinculante para el Tribunal, porque así lo dispone la Ley de Concursos y Quiebras (artículo 48, última parte del inciso 3). Sin embargo, no puede soslayarse que en general provee suficiente convicción, en tanto aparece elaborado por expertos en la ciencia contable".

El 29 de marzo fue la fecha que fijó la jueza como audiencia informartiva. Explicó que la ley establece que 20 días después de valuada la empresa los oferentes “deben presentar la conformidad de la mayoría de lo acreedores”. A partir de ese momento, se habilita un plazo de 5 días hábiles y, si no está resuelto positivamente, se procedería a la quiebra.

“La composición aritmética concreta y definitiva del activo y del pasivo de la concursada, es aguardar fatalmente al finiquito de la mayoría de los juicios que tramitan entre Correo Argentino SA y el Estado Nacional, dentro del Fuero Contencioso Administrativo Federal, lo cual dista de ocurrir en lo inmediato según el estado procedimental de sendas contiendas”, sostuvo.

El fallo será apelado a la Cámara Comercial por SOCMA, por lo que todavía no está firme. A su vez, la compañía tiene su estrategia para que en la causa intervenga el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, como instancia previa a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Apuesta a que allí le den la razón y aparten a la jueza Cirulli y a la fiscal Boquín.