Diputados del Frente Social y Popular de Santa Fe presentaron un proyecto en la legislatura local para que el ministro de producción, Daniel Costamagna, informe sobre “qué piensa la administración (de Omar) Perotti sobre el rol de la provincia en torno a la llamada hidrovía”. Algo similar ocurrió en el Congreso de la Nación, a través de un pedido de informe de diputados de Juntos por el Cambio para que el Ejecutivo Nacional explique los detalles “del proceso licitatorio y que se especifique la labor del Consejo Federal creado para gestionar este corredor vital para la provincia y la región”.

Esta presión de la oposición no es inocente. Lo que se discute es el principal corredor exportador del país, la hidrovía Paraná-Paraguay, cuya concesión vence a finales de abril, al mismo tiempo que se abre un nuevo proceso licitatorio para definir el futuro de un negocio millonario y de principal importancia en el desarrollo económico del país. 

El proceso lo está llevando adelante el Ministerio de Transporte, que creó el Consejo Federal de la Hidrovía, integrado por varios de los actores que involucra al corredor fluvial: gobernadores, cámaras empresariales, sindicatos, universidades. Ya hubo una primera reunión en los últimos días de febrero y se han realizado dos jornadas de exposiciones en las comisiones conformadas para discutir las distintas ramas que dispara esta discusión (Planificación Estratégica y Económica, Obras e Infraestructura y Ambiental).

La presión de la oposición no es inocente tampoco porque huelen que todo este proceso puede concluir en una decisión unilateral del Gobierno Nacional. ¿Qué empresa o empresas se quedarán con los servicios de dragado y balizamiento? ¿Qué empresas lo harán en el plazo entre que termine la actual concesión y se defina a los ganadores de la licitación? ¿Qué rol ocupará el Estado? 

Son preguntas que trazaron los diputados opositores en el pedido de informe que se presentó el lunes pero que aún no fue girado a comisiones. Se pregunta, textual: “¿La licitación prevé continuar con el régimen de concesión de obra pública por peaje a riesgo empresarial, sin aval del Estado? ¿Si la futura concesión abarca los servicios de dragado, redragado, balizamiento y señalización?”.

Según pudo averiguar Data Clave, hay una idea que tomó fuerza en las últimas semanas. Y dice que la licitación sea “sectorizada” y la hidrovía se divida en cuatro tramos. Es una idea promovida por los gobernadores. Y en este esquema, entraría a jugar la Administración General de Puertos S.E. (Agpse), cuyo principal accionista es el Ministerio de Transporte. El Agpse, por caso, se encargaría del dragado.

Restará definir quién se queda con los tres tramos restantes. La actual concesión está a cargo de Hidrovía S.A., que la integran la empresa belga Jan de Nul y Emepa (de Gabriel Romero). Emepa quedaría fuera del juego, así lo hizo saber el presidente Alberto Fernández en reiteradas ocasiones. Pero la firma belga sigue en juego, al igual que las holandesas Royal Boskalis Westminster y Van Oord y la china Shangai Dredging Company (SDC).

La próxima reunión del Consejo está prevista para el 19 de abril (once días antes de que finalice la actual concesión). Pero este encuentro está demorado, según confiaron a Data Clave, por la cantidad de presentaciones, propuestas e informes que arribaron a las comisiones. El corto tiempo con el cual se está discutiendo este proceso es una de las principales críticas que ha recibido el ministro Mario Meoni.