La justicia de Chubut busca cerrar uno de los casos más emblemáticos de corrupción en la provincia. Cecilia Torres Otarola, quien lideró el Ministerio de Desarrollo Humano y Familia durante la gestión de Mariano Arcioni, fue condenada por la jueza Marcela Pérez Bogado y el tribunal integrado por José Luis Ennis y Carlos Richeri. La ex funcionaria es responsable de cuatro hechos de fraude a la administración pública y tres de exacciones ilegales, delitos que marcaron su gestión.

El fiscal Omar Rodríguez, a cargo de la Unidad Especial de Delitos contra la Administración Pública, solicitó una condena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Según Rodríguez, las maniobras de Torres Otarola no solo ocasionaron un perjuicio económico, sino también un daño moral y de confianza hacia las instituciones.

La causa, conocida como “ñoquis calientes”, reveló un esquema de nombramientos irregulares. Cuatro personas fueron contratadas en el Ministerio de Desarrollo Humano y la Legislatura provincial, pero no desempeñaron tareas. Además, cuando Torres Otarola era diputada provincial, obligaba a tres de sus asesores legislativos a devolver la mitad de sus salarios, maniobra destinada a su beneficio personal.

Entre los implicados, Silvana Cañumil, Mara Rodera, Facundo Solaria Rodera y Miguel Retro Trelles también enfrentan pedidos de condena: 2 años de prisión en suspenso. Sin embargo, el tribunal absolvió a Branco Rodera Niera y Jaquelina Rodera, al no hallarse pruebas suficientes de que incumplieran sus funciones.

Las irregularidades fueron corroboradas por testimonios de empleados de planta permanente, quienes declararon que debieron realizar tareas asignadas a los contratados. Estas declaraciones, sumadas a las pruebas documentales, resultaron clave para la condena.

El caso tuvo un impacto político inmediato: en junio de 2020, mientras la investigación recién comenzaba, Mariano Arcioni decidió apartar a Torres Otarola de su gabinete.

El próximo paso en la causa será determinar si la condena solicitada por el fiscal Rodríguez es confirmada, lo que marcaría un punto de inflexión en el tratamiento de este tipo de delitos en la provincia.