En febrero de 2019, el juez Alejo Ramos Padilla allanó la casa de quién era, para muchos medios, un abogado experto en narcotráfico. El análisis de todo lo secuestrado allí permitió iniciar una investigación sobre numerosas operaciones de espionaje ilegal que tenían como centro al falso abogado Marcelo D’Alessio. Ese puntapié inicial permitió que se multiplicaran causas y que se desprendieran distintas investigaciones. Dolores, Lomas de Zamora, Comodoro Py fueron los escenarios donde se llevaron adelante, con distintos grados de avance y fluidez.

La decisión de escuchar en indagatoria a Mauricio Macri inicia un capítulo hasta ahora desconocido: la implicancia directa en un entramado de espionaje ilegal por parte de un actor totalmente político de primera línea. Hasta ahora, las responsabilidades habían alcanzado hasta el rol de Gustavo Arribas como director de la AFI. 

Cuando la causa en Dolores tomó fuerza, en Comodoro Py comenzaron a presentarse hacia mediados de 2019 una serie de expedientes con el objetivo principal de desarmar la hipótesis de espionaje. Ninguna de ellas prosperó demasiado aunque siguen abiertas, en espera. La más resonante es la ya mediáticamente famosa “Operación Puf”, cuyo principal impulsor fue el fiscal federal Carlos Stornelli, uno de los primeros procesados dentro del D’Alessio Gate.

Mientras el panorama del espionaje parecía centrarse en una inacción real por parte de la AFI (la famosa teoría de “hicieron tan mal su trabajo que ni siquiera conocían lo que pasaba”), en Lomas de Zamora surgió la investigación centrada en un grupo de espías de la Agencia que se dedicaban a seguir, fotografiar y recolectar información sobre figuras clave de la política argentina. Esa causa se expandió para abarcar también lo que sucedía dentro del Servicio Penitenciario Federal entre 2016 y 2019 y como se había instalado allí también un operativo para controlar los movimientos de detenidos y de sus abogados.

Hasta febrero de este año, la causa estuvo formalmente en los tribunales federales de Lomas hasta que la Cámara de Casación convalidó (tal como querían Arribas, su segunda Silvia Majdalani, Darío Nieto y los espiados/querellantes Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal) que toda la investigación pasara a Comodoro Py. Ahora, está en el juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi pero la definición principal la tiene que dar la Cámara Federal.

Tal como contó Data Clave las últimas semanas, Eduardo Farah, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi deben definir si confirman los 38 procesamientos dictados por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé. Desde la Cámara Federal surgió el rumor de posibles nulidades y la idea de seguir con la teoría del cuentapropismo que varias veces deslizaron ya Arribas y Majdalani. La hipótesis es simple: nadie dio ninguna orden y todo el espionaje fue obra de agentes “sueltos” que querían hacer su propio negocio.

La teoría del cuentapropismo ya había sido desestimada no sólo en Lomas de Zamora por los fiscales que tuvieron la causa sino que en Dolores, al momento de procesar a los ex directivos de la AFI, también el juez Martín Bava había descartado esa posibilidad. “La trascendencia nacional e internacional del conflicto suscitado con la desaparición del submarino ARA San Juan; como también por el contenido de los documentos de inteligencia hallados al respecto, se descarta cualquier argumento de ‘cuentapropismo’ y/o extralimitación de agentes de ‘bajo rango’ y pone en el centro de la escena a las más altas autoridades políticas de aquél entonces”, sostuvo en la resolución donde citó a Macri.

La decisión de avanzar contra Macri cierra un circuito de expedientes sobre espionaje en el que está incluido el proyecto AMBA, un plan armado por autoridades de la AFI que consistía en instalar bases de la agencia en distintas localidades para llevar adelante los seguimientos, entre otras cosas. Como responsables fueron señalados Pablo Pinamonti y Ricardo Bogoliuk, dos de los actores principales de la causa D’Alessio.

“La existencia de un método ejecutado por una organización, cuyo propósito consistió en: (I) Producir información para incidir en procesos judiciales en trámite; (II) Facilitar dicha información a los medios de comunicación para su eventual difusión, de acuerdo con las necesidades del plan; (III) Neutralizar, estigmatizar, suprimir civilmente, desprestigiar, hostigar, extorsionar y perseguir a opositores políticos. Ello en un proceso de retroalimentación sistemático”, sostuvo el informe de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia.

Lo que une a todos las causas, con mayores o menores avances, es la responsabilidad estatal que tenía la AFI y como se utilizaron los recursos del estado para llevar adelante todas las maniobras de espionaje ilegal: desde la elaboración de informes sobre los familiares de las víctimas, pasando por la infiltración en marchas hasta los espionajes directos y los seguimientos a personalidades que llegan hasta Florencia Macri, hermana del ex presidente.