El reciente anuncio de Patricia Bullrich, en conjunto con Sandra Pettovello, sobre el relanzamiento del Servicio Cívico Voluntario revivió una propuesta que tuvo su primera aparición en 2019 durante la gestión de Mauricio Macri. Bajo el lema "Un Puente a la Ciudadanía, la Educación y el Empleo", el programa busca ofrecer herramientas educativas y laborales a jóvenes de entre 18 y 24 años. Sin embargo, esta nueva versión presenta diferencias clave respecto a su primera implementación.

En 2019, el Servicio Cívico apuntaba a jóvenes de 16 a 20 años, con talleres que se enfocaban en liderazgo, primeros auxilios y construcción de ciudadanía. Aquella iniciativa, gestionada exclusivamente por la Gendarmería Nacional, generó polémica y rechazo por parte de organismos de derechos humanos, que la calificaron como una "colimba encubierta". Ahora, el nuevo esquema busca alejarse de esa imagen, incorporando al Ministerio de Capital Humano y ampliando los rangos etarios y los enfoques educativos.

Según Bullrich, esta reedición tiene como objetivo “sacar a los jóvenes de las calles y alejarlos del delito y la droga”, una frase que también usó en 2019 pero que ahora viene acompañada de un ingreso económico durante el trayecto formativo. Además, los participantes serán convocados de manera voluntaria, con talleres en sedes de distintas provincias como Campo de Mayo, Rosario y Bariloche.

Los talleres de este nuevo programa se dividen en dos ejes principales: Servicio Cívico para Emergencias Civiles y Formación Educativa y Laboral. El primero incluye capacitación en primeros auxilios, defensa civil y cuidado del medio ambiente, mientras que el segundo busca fomentar la terminalidad educativa y habilidades laborales concretas.

Pero no todo es diferente. El espíritu original del Servicio Cívico pareciera ser el mismo: inculcar valores republicanos en un contexto que fomente la responsabilidad individual. Tal como sucedió en 2019, la polémica no tardó en encenderse. Sectores opositores y referentes de derechos humanos cuestionaron nuevamente la participación de fuerzas de seguridad en la implementación. 

No es la primera vez que un gobierno argentino intenta desarrollar programas de este tipo. Durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, el entonces vicepresidente Julio Cobos impulsó un proyecto similar en 2010. A pesar de obtener media sanción en el Senado, la iniciativa naufragó en Diputados.

En su primera etapa, el nuevo Servicio Cívico se desarrollará en 11 ciudades, priorizando la proximidad de los participantes a las sedes asignadas. La duración será de cuatro meses, tiempo en el que recibirán certificaciones reconocidas para mejorar su empleabilidad.

El programa se enmarca en un contexto de creciente preocupación por los jóvenes que no estudian ni trabajan, un segmento que alcanzó niveles críticos en los últimos años. Según datos del Ministerio de Economía, en 2023 más del 20% de los jóvenes en Argentina se encontraba en esta situación.

Aunque el debate continúa abierto, el Servicio Cívico promete seguir en la agenda mediática y política, especialmente por su conexión con una gestión previa que todavía genera opiniones divididas. Resta conocer si los ajustes realizados esta vez serán suficientes para sortear las críticas y brindar una solución efectiva a los jóvenes más vulnerables.