“El delito es femicidio y así se lo denominará”, dijeron los integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal Nº9 cuando condenaron en 2015 a Jorge Mangeri por la muerte violenta y cruel de Ángeles Rawson. 

El femicidio de Ángeles fue de los primeros en denominarse de esa manera, luego de la reforma del Código Penal de 2012. Parece mentira que diez años después de un fallo que fue distinguido por su claridad y perspectiva, un gobierno democrático pretenda arrasar con los avances legislativos y judiciales que se han hecho en materia de violencia de género.

En su reciente discurso, el presidente Javier Milei arremetió contra lo que denominó “el virus mental de la ideología woke”, planteando un ataque frontal a derechos conquistados durante las últimas décadas. Con referencias polémicas, calificó al feminismo radical, la ideología de género y el ecologismo extremo como instrumentos que justifican la expansión del Estado y vulneran las libertades individuales. En un tono desafiante, sostuvo falsedades como que la ideología de género es abuso infantil y que la adopción por parejas del mismo sexo implica pedofilia.

Detrás del discurso, el Gobierno ya avanza en acciones concretas. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, confirmó la intención de eliminar la figura del femicidio del Código Penal, argumentando “igualdad ante la ley”. Este concepto fue incorporado en 2012 con la Ley 26.791, que reconoce el femicidio como una agravante de homicidio, estableciendo prisión perpetua para quienes asesinen mujeres mediando violencia de género. En un país donde un femicidio ocurre cada 30 horas, esta medida no solo invisibilizaría una problemática estructural, sino que podría dificultar la judicialización de estos casos.

X de Mariano Cúneo Libarona

La historia parece repetirse, esta vez, como tragedia. “Ante la sanción han existido numerosos cuestionamientos que han oscilado entre posiciones burdamente negacionistas que sostienen que el femicidio no existe porque ‘acá, en la Argentina, nadie sale a la calle a matar a una mujer porque es mujer’ y que en cuanto a la violencia de género ‘también está la actitud de la mujer: hay mujeres que le dan un sillazo en la cabeza y se terminó’”, sostuvieron desde el tribunal que condenó a Mangeri. Mismos argumentos que hoy se reproducen una y otra vez en redes sociales y medios de comunicación.

Lo que el gobierno juega a desconocer (porque la posibilidad de que no conozcan la normativa nacional e internacional y el recorrido que se ha hecho hasta aquí sería aún más trágico) es el andamiaje y la discusión que hubo en torno a visibilizar la violencia de género en su forma más extrema, que es el femicidio.

Desde la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (que tiene rango constitucional) hasta los debates en el Congreso entre 2009 y 2012, todos sostuvieron que integrar el agravante de homicidio cometido mediando violencia de género era justamente un paso para alcanzar la igualdad.

“En el examen concreto de la conducta de Jorge Néstor Mangeri, se desprende de los hechos probados que la conducta abusiva es, inequívocamente, un hecho de violencia de género, así definido por la normativa internacional y nacional y que la muerte de Ángeles Rawson se presenta directamente determinada por ese acto”, dijeron los jueces al analizar lo que hizo el encargado de Ravignani 2360. 

¿Qué hubiera pasado si la figura de femicidio que ahora quiere descartar el Gobierno no hubiera existido en 2015? Lo que no se nombra, no existe: la violencia que sufrió Ángeles por ser mujer, por haberse resistido a quien intentó abusar de ella y no pudo concretarlo quizás no hubiera tenido un reproche penal de prisión perpetua.

No hay que usar demasiado la imaginación. En mayo de 1996, cuando la figura de femicidio no existía, Fabián Tablado asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló. Como no estaban casados y tampoco estaba incorporado el agravante de relación de pareja, en el juicio se debatió sobre lo pasional, los celos, los controles como forma de intentar rebajar la pena. Al final, fueron 24 años de pena, con un tufillo de “emoción violenta”, la figura que en ese momento se utilizaba cuando se quería aplicar una condena menor.

Las otras aristas del plan contra los vulnerables

El proyecto del oficialismo va más allá del Código Penal. Desde la Casa Rosada se plantea derogar leyes y decretos que garantizan derechos adquiridos por mujeres y diversidades. Entre ellos, se destaca la intención de eliminar el decreto 476/2021, que reconoce la nomenclatura “X” en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y pasaportes, un avance clave para las personas no binarias. También se busca derogar la Ley de Cupo Laboral Trans, que garantiza el acceso al empleo público para personas trans, y modificar la Ley Micaela, que establece la capacitación obligatoria en violencia de género para funcionarios del Estado.

Estas iniciativas reflejan una agenda que prioriza discursos ideológicos sobre las realidades concretas de millones de personas. ¿Cómo justificar la eliminación de herramientas que han demostrado su eficacia? Por ejemplo, la Ley Micaela permitió detectar, prevenir y sancionar casos de violencia de género en ámbitos estatales. Sin estas normativas, las instituciones perderían capacidad de respuesta frente a una problemática que afecta principalmente a mujeres y diversidades.

En Argentina, las mujeres enfrentan una brecha salarial del 27,7%, según datos del INDEC correspondientes al segundo trimestre de 2023. Esto significa que deben trabajar ocho días y diez horas más al mes para igualar el ingreso promedio de los varones. Además, el 75% de los femicidios ocurren en contextos de violencia doméstica, una problemática directamente relacionada con las desigualdades estructurales que estas políticas intentan abordar.

A esto se suma el impacto de la Educación Sexual Integral (ESI), una herramienta clave en la prevención del abuso infantil. Según estudios recientes, el 80% de los niños y niñas que denunciaron abusos lo hicieron tras recibir educación sexual en sus escuelas. Sin embargo, el Gobierno de Milei insiste en asociar la ESI con adoctrinamiento, ignorando los datos y el impacto positivo que esta política ha tenido en la vida de miles de niños y niñas.

El término “ideología de género” ha sido desmentido por múltiples organismos internacionales y expertos en derechos humanos. Sin embargo, se utiliza como bandera para deslegitimar políticas de género que promueven la igualdad y protegen derechos. El discurso presidencial, que se presenta como defensor de las libertades individuales, parece contradecirse al despojar a sectores vulnerables de herramientas diseñadas para garantizar su acceso a esas mismas libertades.

¿Puede hablarse de igualdad ante la ley cuando las mujeres y diversidades parten de contextos de desigualdad estructural? Reconocer las diferencias no es discriminar, sino reparar. La figura del femicidio, por ejemplo, visibiliza un tipo de violencia específica que afecta a las mujeres por su condición de género. Sin esta figura, ¿cómo se garantizará justicia para las víctimas?

Si se pretende barrer con una figura que deja en evidencia la brutalidad de las agresiones y de la violencia, ¿qué pasara con la Ley Brisa? Esa normativa es la que contempla una reparación para niños y niñas que han quedado desamparados debido al asesinato de su madre a manos de su padre o de la pareja de su progenitora. ¿Los chicos huérfanos también son zurdos, parásitos del Estado? ¿Serán considerados un gasto innecesario?

Hace poco menos de dos meses, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº17 condenó a prisión perpetua a Esteban Rojas Almada por el femicidio de Ferni Ayala en febrero de 2023 y dispuso que su hijo tenga un reconocimiento por ser víctima de ese crimen, por haberse quedado sin su madre.

“Ferni Cristina Ayala pagó el más caro precio por estar junto a quien, más allá de proveerle, quizás, una mejor calidad material de vida ─en el sentido de mayor acceso a la satisfacción de ciertas necesidades de dicha índole─, limitaba su libertad, su proyecto de vida ─al extremo de cancelarlo por completo─, sus relaciones personales bajo la sombra de un vínculo sofocante y cosificante que suponía su condición propiedad”, explicó el juez Pablo Vega al momento de explicar por qué el asesinato de Ferni era un femicidio.

Ferni fue asesinada por Rojas Almada luego de una salida nocturna, una ida a un boliche con un comentario que no le cayó bien. Dos disparos al cuerpo de la mujer a la que decía amar y a la que abandonó en ese mismo momento para evitar las consecuencias de su violencia. Esa misma noche, la chica había planteado que probablemente se separaría, que estaba cansada del control que su novio ejercía sobre él. Rojas Almada se fugó pero fue encontrado en Paraguay meses después.

“Aquella noche, Ferni comprobó una vez más que su felicidad no yacía en ese enfermizo vínculo dominado por los celos, el control y la sumisión, y la discusión que comenzó en el bar “la Sirenita” en la que le enrostraba al inculpado arruinarlo todo siempre, bien pudo llevarla a ella a poner fin a la relación, encontrando la muerte por respuesta al mejor estilo del machismo posesivo que no admite perder sus posesiones por aquello de ‘serás mía o no serás de nadie’”, resumió el juez. 

Las enemigas del Gobierno: las víctimas de violencia de género y las asesinadas por femicidas

El discurso de Milei no es solo una declaración ideológica, sino un plan político que amenaza con desmantelar derechos conquistados. La eliminación de leyes de cupo, el retroceso en políticas de género y la falta de acción frente al cambio climático pintan un panorama preocupante para el futuro del país. En un contexto donde las desigualdades se profundizan, el rol del Estado no puede ser el de un espectador pasivo ni el de un actor que retrocede en derechos.

Las cifras, los testimonios y las realidades de quienes viven estas problemáticas contrastan con las afirmaciones presidenciales. Tal vez la pregunta más urgente sea: ¿estamos dispuestos, como sociedad, a retroceder décadas en la lucha por la igualdad, la justicia y la libertad?

El debate sobre los derechos conquistados por las mujeres y las diversidades parece, una vez más, retroceder décadas en la Argentina. Las luchas de hoy resuenan con las de principios del siglo XX, donde las sufragistas debían justificar desde cero demandas fundamentales como el voto o la igualdad jurídica. El discurso de Milei y su gobierno, que propone eliminar la figura del femicidio y otras normativas de género, nos empuja a revivir discusiones que creíamos saldadas, obligándonos a explicar nuevamente por qué estas leyes son esenciales.

La repetición del argumento, aunque agotadora, se vuelve indispensable ante un clima político que legitima retrocesos bajo la excusa de la "igualdad". No se trata de innovar en las respuestas sino de insistir en lo evidente: estas normativas no son privilegios, sino herramientas mínimas para contrarrestar las desigualdades históricas que aún persisten.