Las fallas en el manejo del celular de Sabag Montiel en el juicio por el atentado a CFK

La caja se abrió y no era Pandora, pero casi. En una nueva audiencia del juicio por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, el foco volvió a posarse sobre el teléfono de Fernando Sabag Montiel, esa pieza clave que podría haber revelado información sensible y que terminó siendo, al menos por ahora, un testigo mudo. Las declaraciones de los peritos y funcionarios que manipularon el aparato expusieron una cadena de errores, negligencias y decisiones inexplicables. Para la querella, algunas de esas fallas no son casualidad.

El perito Alejandro Heredia, de la Policía Federal, fue el primero en intentar acceder al teléfono. No tenía experiencia. Lo mandaron igual al juzgado de María Eugenia Capuchetti, donde se realizó una pericia improvisada que fracasó rotundamente. Solo pude acceder a la tarjeta de memoria, donde se encontraron fotos de Sabag Montiel y Brenda Uliarte con el arma con la que intentaron asesinar a la entonces vicepresidenta. A partir de ahí, todo fue una historia de enredos: “Se intentó la extracción entre cuatro y seis veces y daba negativo, no se pudo desbloquear”, declaró el comisario Adrián Acosta, jefe de Cibercrimen.

El teléfono se trasladó sobre un sobre de papel de madera, supuestamente cerrado. Sin embargo, cuando llegó a la sede de la PSA, los peritos aseguraron que el aparato estaba encendido y borrado de fábrica. En cambio, Priscilla Santillán, oficial de la PFA y encargada del traslado, afirmó bajo juramento que lo había entregado tal como lo recibió. Las contradicciones fueron tantas que el tribunal tuvo que hacer un careo. También apareció en escena Damián Neustadt, ex Director de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad, quien casualmente se encontraba en la PSA en el momento de la recepción del teléfono.

Uno de los datos más graves revelados durante el juicio es que no se labró un acta del secuestro del celular en el lugar del hecho. Además, fue el comisario general Alejandro Ñamandú quien convenció a la jueza Capuchetti de que podía hacer la pericia en el juzgado porque “tenían personal calificado”. No solo fue falso, sino que la operación terminó destruyendo la evidencia. A las 0:19 del 3 de septiembre, ya en manos de la PSA, el celular fue reseteado a los valores de fábrica, según determinados un reciente informe forense. Para la Justicia, fue un accidente. Para la defensa de Cristina, una maniobra.

El escándalo no termina ahí. El testigo Guillermo García, uno de los militantes que redujo a Sabag Montiel tras el ataque, denunció haber recibido amenazas: “Estás avisado, dejá de hablar que sabemos todos los lugares por los que andás”. Otro testigo, Juan Ramón Meza, sostuvo que los policías que intervinieron esa noche manipularon el teléfono. “Lo probaron, vieron que estaba bloqueado, le sacaron el chip y la memoria, y lo pusieron en un sobre cerrado”, declaró. Todas estas versiones siguen sin cerrar del todo. Y eso es, justamente, lo más inquietante.

La causa penal por el teléfono fue archivada, pero con sabor amargo. La jueza María Servini sobreseyó a los tres peritos de la PSA involucrados, alegando que era “imposible determinar con un mínimo de probabilidad qué provocó el reinicio” del celular. Sin embargo, la querella apeló y la causa todavía no está cerrada. La fiscal del juicio, Gabriela Baigún, pidió un último intento para abrir el dispositivo. Participaron peritos de la defensa, la Gendarmería, el DATIP y técnicos de la querella. Nada funcionó. “Se agotaron todas las alternativas posibles con el mayor despliegue tecnológico”, dijeron en un dictamen unificado.

Capuchetti, que volvió a tomar las riendas de la causa tras dos años, decidió mirar hacia adentro. Ordenó un sumario administrativo interno en la Policía Federal, expediente que según la magistrada “podría abrir nuevas líneas de investigación que hasta ahora no fueron abordadas”. En paralelo, la causa que investiga la posible participación del diputado Gerardo Milman también sigue abierta. Su nombre quedó bajo la lupa luego de que un asesor asegurara haberle escuchado decir: “Cuando esté muerta, yo voy a estar en la costa”. En las últimas horas, el legislador volvió a una escena: “Pronto se sabrá quién le puso la pistola en la mano a Sabag Montiel”, declaró.

La audiencia de este jueves tuvo, además, un momento insólito: el teléfono guardado en una caja de cartón empezó a desprender olor a quemado. “Fue una lámpara que le dio demasiado calor”, intentaron explicar. Otros, más escépticos, se rieron: “Ese teléfono tiene un gualicho”.

El proceso oral por el atentado sigue en curso en el Tribunal Oral Federal N°6, mientras la Justicia evalúa nuevas medidas. Por lo pronto, la Cámara Federal deberá decidir si reabre la investigación penal por el fallido manejo del celular, mientras que la jueza Capuchetti analiza recurrir a organismos internacionales para intentar acceder al contenido del dispositivo que, pese a todos los intentos, sigue siendo un misterio.