Al contrario de lo que sucedió con Cristina Fernández de Kirchner (y muchos de sus funcionarios), el sistema judicial se tomó las investigaciones contra la gestión macrista de otra forma. De manera más recatada dicen algunos mientras otros aseguran que se trata de una especie de protección.

La causa que en este momento está bajo el ojo público es claramente la que tiene en su juzgado Ariel Lijo por el acuerdo que se intentó firmar durante la gestión presidencial de Macri en el expediente comercial del correo. La última gran novedad de este año la aportó el informe que puso nervioso al ex presidente: un escrito de la Dirección de Asistencia Judicial y Delitos Complejos que depende de la Corte Suprema donde explicaron porque el acuerdo cuestionado era perjudicial para el Estado.

Esta medida derivó en otro estudio encargado esta vez a los especialistas en quiebras de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Lijo aún tiene pendiente definir la situación procesal del ex ministro Oscar Aguad; del presidente de Correo, Jaime Kleidermarcher; y del abogado de la compañía, Jaime Cibils Robirosa. Por ahora, no se asoma una indagatoria para Macri.

La causa “Parques Eólicos” picó en punta para aportarle algún dolor de cabeza a Macri: allí, las implicancias no solo son políticas sino personales. En el juzgado a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi se lleva adelante la investigación sobre un posible entramado societario que estaría detrás de la compra y ventas de los parques.

La sospecha es que se utilizaron esas sociedades para adquirir las acciones de las empresas que resultaron adjudicatarias de los múltiples proyectos de parques eólicos y que luego se transfirieron esas acciones por sumas mucho mayores a empresas chinas. A principios de este año, el consorcio internacional de periodistas Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) difundió información que demostraría el entramado: una de ellas sería Lares Corporation SPF, una offshore con sede en Luxemburgo controlada por Gianfranco Macri.

Mientras se esperan exhortos e información desde fuera del país (algo que suele ser complejo de conseguir), estas últimas semanas se registraron mínimos movimientos en otros dos expedientes: Vicentín y la flamante imputación contra Macri en una causa que se inició por una denuncia de la Oficina Anticorrupción. El ocultamiento de parte de su patrimonio es investigado por el fiscal Ramiro González, que ya pidió algunas medidas de prueba. 

Por otra parte, el caso Vicentín tiene su ramificación en Comodoro Py porque ahí se trata de dilucidar si existió administración fraudulenta en el otorgamiento de créditos del Banco Nación a la cerealera y además un probable lavado de activos llevado a cabo por la empresa. Macri figura simplemente como imputado pero su intervención es bastante activa, incluso al extremo de solicitar y querer llevar a la Corte el apartamiento de una jueza que no le cae del todo bien: Ana María Figueroa, de la Cámara de Casación. La magistrada habló varias veces de lawfare y de aprietes durante el gobierno macrista.

Por último, las causas por espionaje y manejos de “la mesa judicial” también han recalado en los tribunales de Retiro. “Son balas que pican cerca” por las implicancias y cercanía que tienen los investigados. Es el caso de Darío Nieto, ex secretario privado, que si bien está con una falta de mérito en la causa por el espionaje ilegal aún no ha logrado librarse de la investigación. Distinto es el caso de Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia, que ya colecciona procesamientos en un expediente donde una de las espiadas es Florencia Macri, hermana de Mauricio.