Como un ave fénix, el peronismo encontró en las cenizas de la causa Vialidad un nuevo argumento para mantener viva la esperanza de un Gobierno que se ahoga en las metas fiscales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y que ni se anima a imaginar una renovación de confianza de cara al 2023.

El pedido de 12 años de prisión por parte del fiscal Diego Luciani contra la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, en el marco de la causa en la que se investiga el supuesto direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015, terminó escondiendo los debates actuales de la política y convirtió Vialidad en un ring político con repercusiones pocas veces vista: de un lado, una oposición encolumnada detrás de la figura del representante del Ministerio Público Fiscal y su alegato; del otro, un oficialismo alienado con la figura de una vicepresidenta que, hasta hace pocos meses, venía siendo más un "estorbo" que una alternativa para el Justicialismo.

El Frente de Todos, todavía al mando de Alberto Fernández, en términos institucionales, sortea problemas desde el inicio de su gestión. Pese a las dificultades de la propia coyuntura como lo fue la pandemia del covid-19 y lo es la inestabilidad internacional por la invasión de Rusia a Ucrania -que ya lleva más de seis meses sin resolución-, a eso se le suman las desavenencias del propio frente y la falta de consenso para defender un programa económico.

Sobre este último punto, pareciera ser que la llegada de Sergio Massa al ministerio de Economía cerró filas internas para que todo el oficialismo, salvo algunas expresiones, acompañen el programa que intentó desarrollar sin éxito ni respaldo político el exministro Martín Guzmán, que a su vez no son más que pautas que exige el Fondo Monetario Internacional para cumplir con el Acuerdo de Facilidades Extendidas que suplanta el tomado durante la gestión Cambiemos por más de U$S 44 mil millones.

El desarrollo de la historia Argentina de los últimos al menos 80 años da cuenta de que el peronismo se hace fuerte cuando el contrincante o la adversidad los aprieta. Es un movimiento tan ingrato y autodestructivo cuando es oficialista como estoico y resiliente cuando le toca ser oposición. En términos coloquiales, no le pega a sus dirigentes cuando ya se encuentran tirados en el piso. Algo así vuelve a ocurrir con la figura de Cristina Fernández de Kirchner, otra vez en la mira de la Justicia, tal como ocurrió a mediados de 2018, en plena vuelta del Fondo a la Argentina y con un Mauricio Macri que le pedía a los argentinos "enamorarse" de Christine Lagarde, extitular del FMI y ahora al frente del Banco Central Europeo.

Cristina Kirchner, saludando a la militancia peronista luego de hacer su defensa pública en su propio canal oficial de comunicación
Cristina Kirchner, saludando a la militancia peronista luego de hacer su defensa pública en su propio canal oficial de comunicación

En ese frenético agosto de 2018, mientras Argentina volvía a estrechar lazos con el FMI, Cristina Kirchner se presentaba en Comodoro Py para declarar por la causa Cuadernos, en ese entonces a cargo del fallecido juez Claudio Bonadio. El peronismo, todavía dividido, venía de perder las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires frente al exsenador Esteban Bullrich. Cristina Kirchner se presentaba por Unidad Ciudadana, mientras que el resto del peronismo lo seguía a Florencio Randazzo con el entonces exjefe de Gabinete y actual Presidente Alberto Fernández como armador de la campaña. Detrás de esta alternativa le seguía un desinflado Sergio Massa, en ese entonces manteniendo una alianza electoral con Margarita Stolbizer, actual diputada y hoy encarnada en la figura del radical Facundo Manes.

El camino que no encontró el peronismo en 2017 para sellar la unidad en la diversidad, lo halló cuando Cristina Kirchner desfilaba por los pasillos de Comodoro Py mientras lo transmitían todos los medios de comunicación. Los acercamientos hacia su figura fueron de menor a mayor en términos de estructura. Empezaron los movimientos sociales, con Juan Grabois a la cabeza, y terminaron acompañando posteriormente -quizás sin tanto entusiasmo y obligados por la coyuntura- los dirigentes del Partido Justicialista.

Al igual que en ese agosto de 2018, las calles "empaquetadas" de Recoleta se convirtieron en los últimos días en un centro de peregrinación para un movimiento que necesitaba un argumento lógico para defender a un Gobierno que, desde que asumió, profundizó los problema económicos estructurales de la Argentina. La descontrolada inflación, los bajos salarios y la inestabilidad cambiaria quedaron atrás cuando el fiscal Luciani pidió 12 años de prisión para la figura que, con aciertos y errores, todavía sigue mostrando que es la "jefa" del Movimiento Nacional Justicialista. "El fiscal pide 12 años porque son los 12 años del mejor gobierno que tuvo la Argentina en la historia. Los 4 años de Néstor y los 8 de mi gobierno. Por eso me van a estigmatizar y me van a condenar. Si naciera 20 veces, 20 veces haría lo mismo", respondió CFK de frente al peronismo, mientras agitaba a los suyos para que entonaran la Marcha Peronista, estrofas que quedaron olvidadas por estos tiempos en algún sarcófago de Azopardo 826.

Como ya contó Data Clave, la causa Vialidad tendrá un nuevo capítulo recién el próximo lunes 5 de septiembre y las defensas de los 13 imputados puedan analizar lo que dijo Luciani durante su alegato para continuar con el armado estratégico de la defensa. Hasta ese momento, el Gobierno nacional tendrá 12 días por delante que, dados los tiempos políticos actuales, podrían ser una eternidad. En el medio se encuentra la complicada segmentación de tarifas, dificultosa en términos de gestión y para nada redituable en resultados electorales. También persisten las demandas de los movimientos sociales que permanentemente copan las calles de la Ciudad de Buenos Aires reclamando aumentos en la contención social. Poco importa para el oficialismo, porque hoy la agenda es Cristina.