Tras conocerse la noticia del pedido del fiscal Carlos Rívolo para que Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo vayan a juicio oral, la defensa de Cristina Kirchner pidió suspender la medida y solicitó más medidas de prueba. 

Los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal sostuvieron en el escrito presentado: "venimos a señalar información de suma relevancia para esta causa y a solicitar la producción urgente de medidas de prueba. Es evidente que la prueba producida en el caso ‘Revolución Federal’ refuerza lo dicho por esta parte al oponerse a la elevación a juicio: cada día aparecen nuevas pruebas, esta causa está en pleno trámite y elevarla no es más que consagrar la impunidad". 

"El 29 de mayo, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la elevación a juicio de la causa. Increíblemente, dos días hábiles antes, se agregó al expediente prueba de central importancia de la que el acusador público hizo caso omiso", agregaron los letrados de la vicepresidenta. 

Los abogados puntualizaron que “el Juzgado Nº8 del fuero remitió un informe realizado por la DATIP (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal) en la causa conocida como ‘Revolución Federal’”, y, este informe, “se produjo a partir de un pedido de la Fiscalía Nº11 del fuero de que se realice un análisis de todos los dispositivos secuestrados en ese expediente”.

En ese sentido, añadieron que “la información extraída del Google Drive de Jonathan Morel, uno de los líderes de Revolución Federal” y como resultado se obtuvo “el financiamiento ilegal de la familia Caputo a la agrupación violenta y antidemocrática Revolución Federal, folletos con amenazas a la Vicepresidenta de la Nación, consultas de CUITs de diferentes personas, entre ellas Cristina Fernández de Kirchner”.

Por otra parte, Ubeira y Aldazabal resaltaron “una conversación entre Jonathan Morel y ‘Dali Revolución’” donde se hizo mención de “una pistola 9mm” y que “quiere usarla en la ‘actividad bala’”. 

“Sorprendentemente, el fiscal no ahondó en lo más mínimo en el informe remitido por el Juzgado Nº 8 y avanzó con la elevación de la causa a juicio. La más exigua indagación en la conversación permite ver la gravedad de ese accionar”, expresaron.

Por lo expuesto, los abogados pidieron que se suspenda la elevación a juicio y se indiquen más medidas de pruebas “dado que una solución adversa a lo peticionado por esta parte supondría vulnerar derechos constitucionales, en una causa de enorme gravedad institucional, hacemos reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, de ser necesario, ante los organismos internacionales de derechos humanos”.