Los verdaderos motivos por los que Pfizer dilató la firma del acuerdo por la vacuna anti Covid
El gobierno argentino aguarda que el laboratorio norteamericano suscriba el convenio para la provisión de la tan ansiada vacuna para prevenir el coronavirus. La farmacéutica requirió nuevas condiciones para firmar el acta y enfrió la negociación. Data Clave accedió a los documentos que prueban la responsabilidad de Pfizer en la dilación y las causas reales por las que no asumieron el compromiso adoptado en julio de 2020.
La negociación entre el gobierno argentino y el laboratorio Pfizer para la compra de la vacuna anti Covid que desarrolla junto a la firma alemana BioNTech se empantanó a fines de la semana pasada. Y la noticia generó alarmas múltiples en el ámbito sanitario y político.
Los representantes de la compañía farmacéutica –de capitales norteamericanos- deslindaron responsabilidades en el gobierno argentino, aduciendo que “no estaban dadas las garantías necesarias” para una distribución efectiva de las dosis. Y pusieron como ejemplo el tema de la logística de distribución que, para el caso de este tipo de medicación, requiere de freezers especiales con temperaturas de -80° centígrados que garanticen la cadena de frío.
Sin embargo, el martes Ginés González García cruzó con vehemencia estos argumentos afirmando que había sido el propio laboratorio el que, a último momento, puso “condiciones inaceptables” para suscribir el convenio y se echó para atrás en una decisión que ya había comprometido en julio, tras una reunión en la que el propio presidente Alberto Fernández recibió en Olivos a los representantes del consorcio.
De hecho, tras aquel encuentro, Argentina fue seleccionado como uno de los países donde desarrollar el ensayo clínico de fase III de la vacuna, que involucró a más de 4.500 voluntarios de nuestro país. El compromiso adoptado por Pfizer fue el de darle prioridad a la Argentina a la hora de la distribución de la vacuna, con la magnitud suficiente como para poder universalizar su aplicación.
Reclamo formal
Data Clave accedió en exclusiva a la carta que el pasado 11 de diciembre el ministro de Salud le envió a Pfizer en la que se repasan las razones que dieron origen al cortocircuito. El texto de la misiva comienza recordando que el gobierno argentino “manifestó tempranamente interés en el acceso oportuno a la vacuna contra el COVID-19. Expresó incluso su voluntad de ser parte de la cadena de producción para favorecer el acceso equitativo en la Región”.
En otro párrafo, la carta refiere a que “se favoreció y promovió la realización de ensayos clínicos de vacunas candidatas: la primera autorizada fue la de Pfizer, que recibió la aprobación de ANMAT del protocolo y la máxima colaboración en el desarrollo de los ensayos clínicos, incluyendo la plena disposición del Hospital Militar Central y la ampliación del enrolamiento. En este marco, representantes de la empresa fueron recibidos en persona por el presidente de la Nación”.
A partir de este punto, el tono del texto comienza a mostrar las primeras asperezas extra-protocolares: “Los primeros borradores preveían una primera entrega de un millón de unidades durante el último trimestre de 2020. Pero éstas no fueron aceptadas por Pfizer”, sostiene el texto oficial.
“En el mes de septiembre, conforme a las negociaciones llevadas adelante con distintas empresas entre las que se destaca Pfizer, el Gobierno Argentino sancionó la Decisión Administrativa 1721/2020 – Adquisición de vacunas para generar inmunidad adquirida contra la COVID-19– dado que el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional no contempla herramientas acordes que permitan perfeccionar los contratos en los términos comerciales establecidos por los potenciales proveedores de vacunas”.
Y atención con este punto: “Pfizer reclamó además condiciones de inmunidad que exceden las que brinda el Estado argentino a organismos internacionales o programas de organismos multilaterales. Las actuaciones de dominio público no dejan espacio a dudas del compromiso del Estado Argentino para facilitar un acuerdo de venta de vacunas allanando todos los obstáculos, ofreciendo soluciones y realizando los mejores esfuerzos razonables. Los representantes de Pfizer, en cambio, fueron poniendo condiciones inesperadas y diluyendo los compromisos que asumían, argumentando que los cambios en las condiciones los exigía la Casa Matriz a medida que otros países sí firmaban”.
Una fuente muy importante de la cartera sanitaria explicó que “nos fueron corriendo el arco a medida que nos acercábamos a la firma del convenio, hasta que terminaron por dejar en evidencia que la verdadera razón para incumplir el compromiso es porque no tienen la cantidad de vacunas necesarias. Al principio Pfizer dijo que tenía posibilidad de entregarnos algunas dosis en diciembre y el resto de las 3 millones que estábamos conversando entre enero y febrero. Como tienen problemas de disponibilidad, no se animan a firmar un contrato que tiene que ver con una temporalidad”.
La interpretación del funcionario consultado incluye una estadística significativa: “el 54 por ciento del stock disponible según las posibilidades de producción que hoy tiene en sus plantas el consorcio estadounidense-germano fueron a parar a manos de países que concentran apenas el 13 por ciento de la población mundial, justamente aquellos que tienen los recursos económicos para aceptar las condiciones que impone el laboratorio”.
Una ley a medida de Pfizer
A fines de octubre el Congreso de la Nación aprobó una ley que declara de interés público la vacuna contra el Covid-19. Esta ley le otorgó al Ministerio de Salud tres herramientas concretas a la hora de negociar con laboratorios para el acceso a las dosis. En primer lugar, se le da la posibilidad al Gobierno de aceptar términos de confidencialidad (los organismos intervinientes, por caso la Anmat, si conocen todos los detalles de la vacuna, pero no pueden ser publicados).
En segundo lugar, se puede acordar la prórroga de jurisdicción. En este caso, si hay alguna situación legal que enfrenta el Ministerio de Salud con la empresa que proveyó la vacuna, las empresas pueden exigir llevar adelante el litigio en los tribunales de sus casas matrices. Esta prórroga de jurisdicción no alcanza a terceros.
Y en último lugar, la ley dictamina la posibilidad de compartir los gastos de posibles indemnizaciones (en caso de un litigio) entre los laboratorios y los países que adquieren la vacuna. Estos casos de indemnizaciones pueden ser exigidas por aquellos laboratorios que redujeron el valor de la dosis.
Acuerdos sobran, ahora deben llegar las vacunas
El Gobierno nacional firmó tres acuerdos para garantizar la llegada de dosis a la Argentina. El primero fue con el laboratorio AstraZeneca, que desarrolla la vacuna de la Universidad de Oxford, y cuyo principio activo se fabricará en el laboratorio argentino MabXience.
El segundo fue con el fondo COVAX, un mecanismo global para la compra de vacunas de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Y el tercero con la Federación Rusa para la llegada al país de la vacuna Sputnik V, desarrollada y producida por el Centro Nacional de Investigación Gamaleya.
Fernández confirmó que están tratando de avanzar en negociaciones con otros oferentes, como la farmacéutica Sinopharm que desarrolla una vacuna junto al Instituto de Productos Biológicos de Beijing.