La causa penal por las torturas que sufrieron los soldados que combatieron en la guerra de Malvinas se encuentra actualmente en el cuarto piso del palacio de Tribunales, a la espera de que la Corte Suprema defina si lo sucedido puede considerarse como un crimen de lesa humanidad o si todo prescribió ya por el paso del tiempo.

El expediente se inició en 2006, tras una denuncia presentada por un ex combatiente ante la Secretaría de Derechos Humanos de Buenos Aires y ante el Ministerio Publico Fiscal. Tras esa denuncia inicial, se sumaron otros testimonios: todos dieron cuenta de tormentos físicos y psicológicos padecidos durante el conflicto bélico por parte de sus superiores.

No obstante, y a pesar de los múltiples testimonios que se habían recolectado y el trabajo que llevó adelante el Ministerio de Defensa, recién a partir de 2015 hubo un impulso mayor en la causa. Eso se debió a que en ese momento se llevó adelante la desclasificación de todos los archivos de las fuerzas armadas relativos a Malvinas: de esta forma, las declaraciones de los testigos y soldados pudieron constatarse y compararse con documentos.

A principios de 2020, el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande procesó -sin prisión preventiva- a cuatro ex militares: Miguel Angel Garde, Belisario Affranchino Rumi, Gustavo Calderini y Eduardo Grassino. A todos los consideró responsables por tormentos cometidos en perjuicio de soldados conscriptos durante la guerra.

En ese fallo, se habló de las distintas torturas a las que eran sometidos los soldados en respuesta a los reclamos que hacían por falta de abrigo y alimentos. La jueza Mariel Borruto hizo foco en los testimonios donde se hablaba de estaqueos, de entierros de combatientes en pozos durante más de ocho horas y bajo temperaturas extremas.

La crueldad de los manejos de los militares fue abarcada bajo la figura de tormentos, amenazas y abuso de armas pero no fue solo eso. Para la magistrada, se trató de crímenes de lesa humanidad, por lo que no correspondía que prescribiera su juzgamiento. En ese primer procesamiento, ordenó también que se profundice la investigación para comprobar las responsabilidades de otros involucrados en lesiones e incluso en hechos que pudieron derivar en la muerte de soldados. 

En abril del año pasado, con 26 personas ya dentro del expediente como imputadas por crímenes que afectaron a 22 víctimas, se planificaron una serie de indagatorias para otros seis imputados.

Sin embargo, la causa entró en un parate cuando en mayo de 2021, la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal decidió intervenir en un recurso de casación que presentó una de las defensas de los acusados. En ese momento, los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña anularon un fallo que había dictado la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia donde se había mencionado la imprescriptibilidad de los delitos cometidos en Malvinas. 

Si bien los jueces no hacen mención a si los crímenes constituían delitos de lesa humanidad o no, la decisión que tomaron dejaba cerrada la posibilidad de juzgarlos. La jueza Ana María Figueroa votó en disidencia y consideró que el Estado Argentino tenía responsabilidad en el esclarecimiento de los hechos. Contra esa decisión por mayoría, tanto la Fiscalía como las querellas que representan a ex combatientes decidieron ir a la Corte Suprema, para que resuelva la cuestión. 

Mientras tanto, esta semana se conoció que el titular de la Fiscalía Federal de Río Grande, Marcelo Rapoport, y la titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, María Ángeles Ramos, presentaron una ampliación de requerimiento para continuar con la investigación. 

Este nuevo documento incluye 22 casos de imposición de tormentos -por los que los fiscales imputaron a 18 oficiales y suboficiales del Ejército- y dos situaciones de abuso deshonesto cometidos contra soldados del Regimiento de Infantería Mecanizado N° 3. La ampliación menciona delitos sexuales y destaca hechos de antisemisitmo, algo que incluso se ha detectado en el trato que recibían detenidos y detenidas dentro de centros clandestinos durante la dictadura militar.

“Las torturas en Malvinas fueron una práctica generalizada a la que fueron sometidos los conscriptos por parte de las autoridades militares como una forma de 'controlar' los problemas vitales que generaba entre la tropa la falta de distribución de víveres y abrigo”, marcaron el y la fiscal. Incluso, señalaron que la falta deliberada de alimentos por la no distribución “fue la causa directa de las muertes de algunos soldados”.