Más reclamos contra la Corte y el Consejo de la Magistratura por la falta de mujeres
Solo el 31% de las máximas autoridades dentro de la estructura judicial del país pertenecen al sexo femenino. En el año 2020, los funcionarios varones tuvieron el doble de chances de convertirse en magistrados/as, procuradores/as, fiscales o defensores/as, y 3,5 veces más de convertirse en máximas autoridades que sus pares mujeres.
Si se tienen en cuenta los últimos números que relevó la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, solo el 31% de las máximas autoridades dentro de la estructura judicial del país (que incluye ministros/as, procuradores/as y defensoras/es generales) son mujeres. Los números son de 2020, por lo que en el reporte habría que restarle la presencia de Elena Highton de Nolasco, la ahora ex integrante de la Corte que se jubiló a principios de noviembre.
El Gobierno prometió enviar el pliego de una mujer para reemplazarla. Sin embargo, vencido el plazo que fija el Decreto 222/03, el nombre de la candidata aún no se conoce, más allá de que circularon nombres de ministras de Cortes de las provincias y alguna que otra abogada. La problemática principal que enfrenta el oficialismo es que no tiene la mayoría necesaria para que la candidata se convierta en jueza del Máximo Tribunal: los dos tercios de los y las senadoras presentes es un número que no pudo conseguir tampoco para el sillón del Procurador General de la Nación, donde el propuesto fue el juez federal Daniel Rafecas.
Movilizadas por la falta de certezas, desde la Red Federal de Judiciales Feministas (un colectivo que incluye mujeres y diversidades que trabajan dentro de los sistemas judiciales de todo el país) se lanzó una campaña para llevar “una feminista a la Corte” y pusieron de ejemplo a Carmen Argibay, que ingresó al cuarto piso del Palacio de Tribunales propuesta por Néstor Kirchner y que estuvo allí hasta su fallecimiento, en 2014.
La campaña consta de una carta, a la que adhirieron casi 2500 personas y que le dirigen al presidente Alberto Fernández donde hacen foco en que la falta de representatividad de mujeres en los órganos de decisión “no sólo afecta la calidad democrática de las instituciones sino también es considerada como violencia política”. Mencionan allí también la importancia de una justicia con perspectiva de género y por ello consideran que es de trascendencia que quién sea elegida como candidata tenga un perfil feminista.
“No hay excusas para demorar más la designación de una candidata. No hay justificaciones posibles basadas en las negociaciones políticas porque decisiones como esta tienen consecuencias por décadas e incidencia en la vida de miles de personas. Es ahora: tiene que ser esta vez una feminista que acompañe desde el máximo lugar de decisión judicial del país este cambio que estamos gestando”, resaltan en la carta.
“Queremos a otra Argibay en la Corte, otra mujer de profundas convicciones, conocedora y respetuosa de las diferencias entre las personas, de las vulnerabilidades estructurales que nos atraviesan y segura de que nada ni nadie la hará claudicar en el camino hacia la igualdad”, concluyen.
El problema de la falta de mujeres también se vislumbra cuando se analizan los puestos de tribunales, juzgados, defensorías y fiscalías. Si bien allí el balance da un 44% de integrantes mujeres, aún se está lejos de la paridad y más si se tiene en cuenta que las mujeres son mayoría en el escalafón de funcionarias y personal administrativo (representan un 60% y un 61% respectivamente)
“El techo de cristal aparece para las mujeres cuando concursan para acceder a la magistratura, y más aún, para acceder al máximo nivel de autoridad. Aunque no es requisito ser funcionario/a del poder judicial para acceder a los últimos rangos, a modo de ejercicio, se observa que, dentro del poder judicial, en el año 2020, los funcionarios varones tuvieron el doble de chances de convertirse en magistrados/as, procuradores/as, fiscales o defensores/as, y 3,5 veces más de convertirse en máximas autoridades que sus pares mujeres en el sistema de justicia argentino”, se especifica en el informe realizado por la Oficina de la Corte.
Y por el Consejo ¿cómo andamos?
El órgano que tiene a cargo la selección de los y las juezas es el Consejo de la Magistratura, que hace poco más de una semana sufrió un duro revés por parte de la Corte al ser declarada inconstitucional su conformación. Mientras se debate cómo se hará esa nueva composición, un grupo de organizaciones le presentó al presidente del Consejo, el académico Diego Molea, una carta donde cuestionan el fallo del Máximo Tribunal por no analizar con perspectiva de género a la integración.
Cabe recordar que la Corte decidió que se debe reformar el Consejo y exhortó al Poder Legislativo para que redacte una nueva ley. Mientras tanto, le dio a ese cuerpo 120 días para que vuelva a conformarse con 20 integrantes, sumándole 7 a su actual integración.
“Consideramos que las integraciones a completar en los estamentos de abogados y abogadas, correspondientes a dos vacantes, deben ser cubiertas por dos mujeres o integrantes del colectivo LGBTIQ. De la misma manera consideramos que la integración a completar correspondiente a magistrados y magistradas deber ser cubierta con una mujer o integrante del colectivo LGBTIQ”, remarcaron las organizaciones ABOFEM Argentina, el Colectivo NI UNA MENOS y el Proyecto Generar.
La nota fue girada ya a los distintos integrantes del Consejo. Actualmente, de las 13 personas que están dentro del órgano, solo cuatro son mujeres: Graciela Camaño, Silvia Giacoppo, María Inés Pilatti Vergara y Vanesa Siley, todas del estamento político (en representación de la Cámara de Senadores y de Diputados).