Mensajes e informes: las claves del requerimiento de los fiscales contra Arribas y Majdalani por espionaje ilegal
El trabajo de los fiscales a partir de más de 1000 páginas con pruebas y documentación sobre presuntas ilegalidades de la AFI. Desde seguimientos a dirigentes políticos como a Cristina Kirchner, hasta diálogos de los ex titulares del área con los espías. ¿Quiénes fueron los espiados y como funcionó el espionaje ilegal y la maquinaria extorsiva en el último gobierno de Mauricio Macri?
1026 páginas pueden parecer muchísimo para un escrito judicial pero cuando la causa acumula varios cuerpos, es tan solo un simple resumen. Los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide se encargaron de pormenorizar en su pedido de procesamientos las pruebas que encontraron no solo contra Gustavo Arribas y Silvia Majdalani sino también contra miembros de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal.
Los fiscales volvieron a reiterar que los implicados formaron parte de una organización ilícita “con distribución de roles, funciones, atribuciones, jerarquías y responsabilidades, que se dedicó a la obtención, análisis, intercambio y almacenamiento de información sobre distintas personas, por el solo hecho de sus opiniones políticas, su calidad de dirigentes o ex funcionarios del Estado, su pertenencia o vínculos con organizaciones partidarias, sociales, sindicales, estudiantiles, de derechos humanos, su carácter de periodistas, así como sobre sus acciones privadas y/o actividades lícitas”. Todo esto, recordaron, está expresamente prohibido en la ley de inteligencia.
El listado de víctimas es conocido pero los fiscales lo reiteraron en su escrito: Cristina Fernández de Kirchner; Horacio Rodríguez Larreta; Martín Irurzun; Hugo y Pablo Moyano; Jorge Ferraresi; Salvatore Pica y su pareja, Florencia Macri; entre muchas otras personas. También detallaron a los espiados dentro de la cárcel: Amado Boudou, Julio De Vido, Ricardo Jaime, Cristóbal López, Lázaro Baez.
“Los imputados utilizaron la infraestructura y los recursos del Estado Federal, en especial desde algunas dependencias del Poder Ejecutivo Nacional, como la Agencia Federal de Inteligencia y el Servicio Penitenciario Federal, y el Poder Ejecutivo de la provincia de Buenos Aires, en particular el Servicio Penitenciario Bonaerense, para la realización de las conductas mencionadas, en distintos periodos y abarcando diversas jurisdicciones territoriales, tanto en la Ciudad Autónoma como en la provincia de Buenos Aires”, marcaron los integrantes del Ministerio Público en su dictamen.
Además, criticaron los argumentos de las defensas, que pretendieron despegarse de la acusación. A los fiscales, sus explicaciones no les alcanzaron: “nadie pretende explicar de modo alternativo a la imputación las razones para instalar micrófonos ocultos en salas de abogados de un penal, ni la posesión (y posterior utilización) de las fichas del SPF de los detenidos IRIC por parte de los agentes de “operaciones especiales” de la Dirección de Contrainteligecia de AFI, ni el traslado de un detenido al que lo acompañaba la intervención de los teléfonos públicos de donde estuviera alojado desde su lugar original al módulo de los pabellones IRIC donde se encontraban alojados detenidos internos que eran manifiestamente opositores al gobierno de turno, ni la filtración de escuchas que no debían ni siquiera ser escuchadas (y mucho menos transcriptas), entre otras circunstancias manifiestamente ilícitas”.
Sobre la situación de espionaje penitenciario, pusieron la vista no solo en los dos titulares de la AFI sino también en la connivencia que tuvieron dentro del SPF a través de su director, Emiliano Blanco y su segundo, Cristian Suriano. “Acordaron que sus subalternos obtengan información, generen encuentros y mantengan canales de comunicación para fijar objetivos y obtener datos de personas privadas de la libertad bajo la órbita del SPF, alojadas en el dispositivo IRIC (CPF I y II y U. 31), sus familiares, allegados, organizaciones sociales, culturales, organismos de DDHH, abogados, militantes y partidos políticos, entre otros”. El IRIC es justamente el lugar clave: un sistema creado en 2016 que consistía en “Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad”.
A partir de las órdenes de Blanco, Suriano organizó y dirigió un circuito de recolección y transmisión de información, a través de su sistema de delegados. Las “plantillas interrogantes” era lo que debían rellenar los agentes: “¿Con quién se juntan dentro del ámbito carcelario? ¿Cómo se mueven a los juzgados? ¿Quiénes son los familiares (qué hacen, vínculos políticos y ámbito privado)? ¿Quiénes lo visitan (frecuencia con la que ingresan al penal)? ¿Qué amigos lo visitan? ¿Se repite defensa con otro detenido? ¿Con quién? ¿Quiénes son (abogados, oficina, socios y vínculos políticos)? ¿Qué bienes tienen? ¿Qué efectivo? ¿Cuentas bancarias (y con quiénes la tienen, transferencias repetidas, familiares vinculados)? ¿Hay testaferros?”.
Además de la recolección de datos, se hacía el seguimiento de absolutamente todo lo que involucraba a los “objetivos”. En el documento incluso están las fotos los DNI de jueces, fiscales y defensores oficiales que ingresaron a las cárceles. Todos sus movimientos eran monitoreados con muchísima atención.
Allí entra en juego la figura de Fernando Carra, asesor del Director Blanco y luego integrante de la Oficina de Promoción de Derechos Humanos. Para los fiscales, “utilizó su cargo formal, para acercarse y establecer relaciones de confianza con personas privadas de su libertad y sus vínculos más cercanos”. “Informó sobre la presencia de medios de comunicación en el Complejo, sobre reclamos y huelgas de hambre efectuados por los internos; Informó datos personales de representantes y/o abogados y familiares de los internos”, enumeraron en el dictamen.
No es sólo el cargo
Las defensas de Arribas y Majdalani plantearon más de una vez que existía un cuentapropismo, que no tenían conocimiento de ninguna ilegalidad. Incardona y Eyherabide lo descartaron: “el rol que ocuparon dentro de la cadena de mando de la organización, no lo era sólo por su posición institucional; por el contrario, diversos elementos de prueba, dan cuenta que las operaciones de inteligencia ilegal eran solicitadas y exigidas por ellos”.
Citaron, por ejemplo, el espionaje a Graciela Camaño, donde en una charla el espía Alan Ruiz (procesado por los seguimientos en el Instituto Patria y ex integrante del Ministerio de Seguridad) le cuenta a otro espía sobre algo que pide “el 5”, es decir, Arribas.
“No queda duda que llevar a cabo un despliegue de semejante alcance y sistematicidad, valiéndose de la estructura y recursos del propio estado, descarta de plano la posibilidad de que agentes de bajo nivel en la estructura jerárquica de la AFI hayan actuado por cuenta propia”, sostuvieron los fiscales. Le agregaron también el espionaje a Cristina, donde a través de un diálogo también quedó evidenciado un pedido de “8”, en referencia a Majdalani. “Averigua si es cierto que CFK estaría yendo a Neuquén (...) Me consulta 8”, es otro de los mensajes.
“No existe ni una sola prueba que indique que Alan Ruiz y el resto de los agentes hayan decidido, por su cuenta, producir inteligencia con fines políticos respecto de gran cantidad de funcionarios, y que hayan decidido hacerlo respecto a una de las hermanas del ex presidente de la Nación, por ejemplo”, enfatizaron de manera lapidaria.
Varias son las preguntas que sobrevuelan ante esta situación que ahora deberá resolver el juez federal Juan Pablo Augé. ¿Para quién recolectaban toda esta información? ¿Que hacían Arribas y Majdalani con los informes y los datos que recababan los espías? ¿Funcionará Arribas como el tope de la investigación, el eslabón máximo de responsabilidad? Hasta ahora, solo hay conjeturas y la duda siempre juega a favor de los implicados.
¿Qué pasó con Nieto?
Con respecto al secretario privado del ex presidente Mauricio Macri, los fiscales pidieron su falta de mérito, es decir, que no tienen evidencia suficiente como para pedir su procesamiento o su sobreseimiento. Una especie de limbo judicial.
“Cabe señalar que la evidencia que fundó su llamado a indagatoria se basó principalmente en el contenido de las conversaciones que había mantenido Leandro Araque con Susana Martinengo, en las que esta última refería que los informes elaborados por Araque y Sáez, a partir de acciones de espionaje, serían elevados por ella a Darío Nieto para que lleguen a conocimiento del ex presidente de la Nación, Mauricio Macri”, recordaron.
No obstante, y luego del análisis de los celulares que encontraron, indicaron que no tienen los elementos de prueba suficientes como para comprobar la participación de Nieto en el espionaje. Su situación dependerá de la prueba que se genere en la causa y si alguna evidencia lo compromete.