Milei prorrogó un impuesto al turismo con un DNU que desató la polémica constitucional
El presidente extendió por tres años un tributo del 7% sobre pasajes al exterior. La medida garantiza recursos al Fondo Nacional de Turismo, administrado por Daniel Scioli, pero especialistas advierten que sería ilegal al tratarse de materia tributaria.
El Gobierno Nacional, encabezado por Javier Milei, sorprendió al extender por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la vigencia del Fondo Nacional de Turismo hasta el 31 de diciembre de 2027. Este fondo, que se financia mediante un impuesto del 7% sobre los pasajes aéreos y marítimos al exterior, recauda millones de pesos y está bajo la órbita del secretario de Turismo, Daniel Scioli.
La decisión generó revuelo no solo por su impacto en el bolsillo de los argentinos, sino también por la controversia jurídica que desató. Según el abogado tributarista César Litvin, "ningún impuesto puede establecerse ni prorrogarse por decreto, ya que debe pasar por el Congreso". En este sentido, Litvin destacó que las empresas podrían quedar expuestas a sanciones si cobran un tributo basado en una norma de dudosa validez legal.
El gravamen, conocido como “DNT”, solo se aplica a residentes argentinos y busca financiar iniciativas para promover el turismo interno. Según datos de 2024 del portal especializado Ladevi, este fondo recaudó 197 mil millones de pesos, consolidándose como una caja crucial para proyectos oficiales. Sin embargo, sectores de la industria turística habían manifestado su disconformidad con la prórroga, que no fue debatida en el Congreso ni incluida en la Ley de Presupuesto.
La posibilidad de judicializar el DNU fue calificada como remota por especialistas como Diego Fraga, de la Universidad Austral, quien sostuvo que "si bien el decreto es de nulidad absoluta, las empresas del sector probablemente acaten la medida para evitar conflictos con el Estado".
Por su parte, el exdiputado Alejandro ‘Topo’ Rodríguez calificó el decreto como "groseramente inconstitucional" y subrayó que la Carta Magna prohíbe expresamente legislar por decreto en temas tributarios. Aun así, el Gobierno justificó la medida en que la asignación específica del fondo ya estaba aprobada hasta 2027, un argumento que no convence a los críticos.
El impuesto del 7% encarece los viajes al exterior y ha sido blanco de críticas desde su creación. Aunque busca fomentar el turismo nacional, sus detractores lo ven como una barrera más para quienes desean viajar fuera del país. La prórroga llega en un contexto donde la carga impositiva sobre el turismo ya es elevada, con tasas adicionales como el impuesto PAIS y las percepciones de Ganancias.
Para Daniel Scioli, quien administra el fondo, la continuidad de este tributo significa preservar recursos estratégicos. Sin embargo, la decisión contradice las promesas de Milei de reducir impuestos y achicar el Estado. Desde sectores opositores ya comienzan a señalar la contradicción entre el discurso de campaña y las decisiones de gestión.
La medida pone a prueba la capacidad del oficialismo de sortear cuestionamientos legales y políticos. Mientras tanto, los consumidores y empresas del sector turístico enfrentan un escenario incierto. Las aerolíneas, que habían dejado de retener el impuesto tras el vencimiento del fondo el 5 de enero, se ven ahora obligadas a implementarlo nuevamente bajo un marco que podría ser impugnado.
La vigencia del Fondo Nacional de Turismo asegura recursos hasta 2027, pero la posibilidad de que sea discutida en el ámbito judicial o legislativo podría abrir un nuevo capítulo en la controversia.