El 8 de marzo es una fecha de lucha, pero también de denuncia. Una jornada que cada año pone en evidencia lo que el resto del calendario invisibiliza: la violencia machista sigue cobrando vidas y el Estado sigue sin garantizar protección. En lo que va de 2024, el Observatorio “Ahora Que Sí Nos Ven” registró un femicidio cada 33 horas, con Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Chaco y Misiones como las provincias más afectadas. El ajuste en políticas de género y la falta de respuestas agravan una crisis que no da tregua.

A esto se suma la situación de los femicidas liberados. Uno de los puntos más alarmantes que surge del informe es el porcentaje de femicidas que tenían denuncias previas. El 18% de los agresores había sido denunciado por violencia de género con anterioridad, lo que pone en evidencia la ineficiencia del sistema judicial y la falta de medidas preventivas. Esto es aún más grave cuando se considera que el 11% de los femicidas formaban parte de las fuerzas de seguridad, lo que habla de una estructura de impunidad que permite a los agresores actuar sin temor a consecuencias.

El gobierno de Javier Milei avanzó con un brutal ajuste sobre los organismos de protección a las mujeres y diversidades. Desde el vaciamiento del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que hoy prácticamente no tiene estructura ni presupuesto, hasta la eliminación de programas clave como el Acompañar, que brindaba asistencia económica y psicológica a víctimas de violencia de género.

Los números son claros: en 2023, este programa alcanzó a más de 250.000 mujeres y personas LGBTIQ+, pero en 2024 quedó paralizado por el ajuste. Lo mismo ocurrió con los fondos destinados a casas refugio y a líneas de atención a víctimas, que hoy funcionan con recursos mínimos.

El desfinanciamiento no solo impacta en la asistencia a víctimas, sino que también elimina herramientas de prevención. Los talleres de educación sexual integral (ESI), las campañas de concientización y la capacitación en la Ley Micaela fueron desarticuladas o reducidas a su mínima expresión.

A esto se suma la decisión de derogar la moratoria previsional, que afectará principalmente a mujeres que no pudieron acceder a un empleo formal debido a la desigualdad estructural. Según datos oficiales, 7 de cada 10 personas que accedieron a la jubilación por moratoria eran mujeres. Con esta medida, el Gobierno las deja sin cobertura, obligándolas a seguir trabajando en la informalidad o depender de una pensión mínima.

Durante los primeros meses de 2025, la violencia de género en Argentina ha alcanzado niveles alarmantes. Entre el 1 de enero y el 28 de febrero, se registraron 55 femicidios y un femicidio vinculado, según los datos del Observatorio Adriana Zambrano, dirigido por La Casa del Encuentro.

De los 55 femicidios registrados en el inicio de este año, 51 niños y niñas quedaron huérfanos, siendo el 55% menores de edad. La gran mayoría de las víctimas, el 59%, fueron asesinadas por su pareja o expareja, y el 68% de los crímenes ocurrieron en el hogar de las víctimas. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), el panorama también es preocupante. En tan solo 24 horas, se registran cerca de 8.000 llamados al 911, el 30% de los cuales están relacionados con casos de violencia de género. Durante el mes de enero, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema (OVD) atendió un 8% más de personas que en el mismo período de 2024. De esas atenciones, 211 personas sufrieron lesiones y, en 26 casos, fue necesario realizar derivaciones de urgencia.

Frente a este escenario, las mujeres y diversidades se organizan para salir nuevamente a la calle. Este 8 de marzo, las movilizaciones serán masivas en todo el país, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires. A las 16:00, la convocatoria principal partirá del Congreso rumbo a Plaza de Mayo, en una marcha que promete ser multitudinaria. En otras ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza y La Plata, habrá actividades y marchas con los mismos reclamos.

El movimiento feminista enfrenta un escenario adverso, con un Gobierno que no solo recorta, sino que además instala un discurso negacionista sobre la violencia de género. Desde el oficialismo, se habla de la “ideología de género” como una imposición y se descalifican las luchas feministas. Este discurso, lejos de ser anecdótico, tiene consecuencias concretas: legitima la violencia, deslegitima los reclamos y profundiza la desigualdad.

El avance de la ultraderecha en Argentina y en el mundo plantea un desafío adicional. La estrategia es recortar derechos y desarticular los movimientos que los defienden. Mientras Milei insiste en que “el Estado no debe meterse en la vida de las personas”, el ajuste golpea con más fuerza a quienes ya estaban en situación de vulnerabilidad.

En este contexto de retroceso, la organización social sigue siendo la respuesta. A pesar del ajuste y del intento de invisibilización, las mujeres siguen movilizándose, exigiendo justicia y políticas públicas reales. Porque la violencia machista no se detiene, y mientras el Estado se retira, la lucha feminista se mantiene en pie.

El 8M es una jornada de lucha, pero la pelea es todos los días. La pregunta es hasta cuándo el Gobierno seguirá ignorando una realidad que se cobra vidas.