“No hay ninguna chance de que toquemos el Presupuesto”, repiten sin rodeos desde los pasillos de Casa Rosada, donde ya avisaron que vetarán cualquier intento de suba jubilatoria impulsado por la oposición. El miércoles, la Cámara de Diputados debatirá una batería de proyectos para declarar la emergencia en discapacidad, mejorar las jubilaciones y extender la moratoria previsional. La oposición cree que tiene los números para avanzar. El oficialismo, por su parte, se atrinchera en el veto.

El objetivo del Gobierno nacional es evitar a toda costa cualquier modificación que implique gasto adicional. “Los números para ambos vetos están, y a Javier no le tiembla el pulso”, aseguran muy cerca del presidente. Ya ocurrió el año pasado, cuando Javier Milei vetó el aumento previsional aprobado en el Congreso junto con la suba del presupuesto universitario. Aunque en ese momento sufrió un desgaste político, el Gobierno considera que salió fortalecido y que puede repetir la jugada sin grandes consecuencias.

Martín Menem, presidente de Diputados, se convirtió en el vocero de esa línea dura: “Proponen una sesión con proyectos que tendrían un costo fiscal de más de 12.000 millones de dólares (1,8% del PBI). Se esconden detrás de causas nobles para romper el equilibrio fiscal que tanto nos costó”, escribió en X. A esta estrategia se le suma una presión menos visible pero constante sobre los gobernadores, a quienes el oficialismo intenta convencer para que no aporten diputados al quórum.

Lo cierto es que la oposición no alineada (con Unión por la Patria, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y otros bloques) redobló su apuesta y convocó nuevamente a sesionar. A diferencia de la última vez, ahora no está en juego la creación de la Comisión $LIBRA, una moneda de cambio que había usado Menem para frenar la sesión. Sin ese artilugio, La Libertad Avanza se queda con menos fichas para negociar.

Mientras tanto, el Hospital Garrahan sigue en el centro del conflicto sanitario nacional. Los médicos residentes aseguraron que el aumento anunciado por el Ministerio de Salud (que llevaría sus ingresos a $1.300.000 con un bono de $500.000 incluido) no era oficial y preparan una “marcha de las velas” que partirá este lunes hacia el Obelisco porteño. “La medida de fuerza no tuvo ningún cambio”, aseguraron en un comunicado. El salario básico sigue en $797.000, y la oferta fue presentada, según el propio ministro Mario Lugones, “a través del sistema de comunicación interna” porque los domingos “no están disponibles”.

El Gobierno intenta dividir el reclamo: por un lado, ofrece aumentos solo a residentes, y por el otro, deja afuera al 90% del personal del hospital, que incluye médicos de planta, enfermeros, técnicos, administrativos y más. La Junta Interna de ATE denunció esta maniobra: “La exclusión a más del 90% de las personas que trabajan en el hospital, lejos de cerrar el conflicto, lo agrava”. La próxima asamblea general será el martes a las 13. “Tenemos que estar todos juntos: planta y residentes, sin distinción de tarea, oficio o profesión”, convocaron desde el gremio.

En paralelo, el oficialismo lanzó una ofensiva discursiva contra los gremios. Desde la cúpula del hospital, con respaldo de la Casa Rosada, afirmaron que el conflicto explotó por la implementación del sistema biométrico de control de asistencia. “El Garrahan no será más un refugio de ñoquis. Quien no se presente a trabajar será despedido”, comunicaron. Ese mensaje fue replicado por referentes libertarios con un tuit que sintetiza la postura del oficialismo: “¿Por qué estalló el conflicto en el Garrahan? Porque el lunes comienza el control biométrico y los ñoquis quedarán expuestos”.

El último Anuario del Hospital Garrahan detalla que trabajan allí 4728 empleados, de los cuales el 68% pertenece al área asistencial, es decir, quienes tienen contacto directo con los pacientes. Se trata de médicos de planta, técnicos, kinesiólogos, enfermeros, psicólogos, bioquímicos y farmacéuticos, entre otros. Un 20% cumple tareas logísticas y el 12% restante, funciones administrativas o de conducción.

Este miércoles 4 de junio a las 12, la Cámara de Diputados debatirá el paquete de proyectos que incluye la emergencia en discapacidad, el aumento del bono para jubilados de $70.000 a $105.000 o $115.000, y una suba del 7,2% en haberes previsionales. Desde el equipo económico calculan que solo esta medida tendría un impacto de 1,3% del PBI. El oficialismo no se mueve de su lugar: el veto ya está escrito.