Ni guerra de carteles, ni capos narcos: cuentapropistas sin conducción y un experimento letal, las causas de la masacre de Puerta 8
Mientras avanza en la justicia federal la investigación por las 24 muertes ocasionadas a raíz del consumo de droga adulterada en Loma Hermosa, surgen indicios cada vez más fuertes de la existencia de un precario plan para instalar la venta ilegal de fentanilo en la provincia de Buenos Aires, perpetrado por manos inexpertas y temerarias. El negocio atomizado en manos de dealers de poca monta y una Bonaerense que perdió la brújula. ¿Quiénes son los verdaderos dueños del negocio y cómo recauda la Departamental en el oeste del conurbano?
"Abandona la esperanza si entras aquí", dice una inscripción en la puerta del Infierno que describe con poesía inigualable Dante Alighieri en el primer cántico de la Divina Comedia. Una frase carente de toda expectativa vital, de similar tenor a la que brota de los curtidos labios de Hugo, joven militante de una organización social que colabora con comedores en los asentamientos de San Martín y Tres de Febrero.
Uno de sus hermanos -"soldadito" que supo trabajar al servicio de "Mameluco" Villalba- cayó abatido a fines del año pasado en un enfrentamiento entre dos bandas narco que operan en Lanzone y Puerta 8, dos de los asentamientos más picantes de Tres de Febrero. "Acá está todo podrido, no hay solución", se lamenta el joven en diálogo con Data Clave, mientras ceba un mate y muestra una foto del muchacho asesinado. "Lo más triste es que a nadie le importa un carajo que nuestros pibes caigan como moscas, porque los consideran basura, todos los días matan a uno y no sale en ningún diario, tuvieron que morirse veinte de los que vienen de afuera a comprar para que aparezcan las cámaras", masculla entre el dolor y la bronca.
El episodio ocurrido esta semana que terminó con la vida de, al menos, 24 clientes que fueron a comprar droga en los pasillos de la villa ubicada frente a la Puerta 8 de Campo de Mayo, puso al descubierto una siniestra trama de disputas entre punteros barriales, con protección policial y dejó en evidencia la precaria organización de un plan para instalar cocinas de una nueva droga, más adictiva y peligrosa que la cocaína en el territorio bonaerense.
"Merca power", más peligrosa y adictiva
Este viernes por la noche ascendió a 24 la cantidad de muertos por haber consumido la cocaína adulterada que se vendía en Puerta 8. La nueva víctima fatal falleció luego de dos días de agonía. Además, hay otras 23 personas que permanecen internadas. La Justicia informó que la mayoría de los decesos se produjo en casas particulares, aunque hubo dos víctimas que fueron halladas sin vida en la vía pública.
Por estas horas, la hipótesis principal de las dos investigaciones judiciales que se entrecruzan, se centra en un plan para instalar en la zona oeste del conurbano la cabecera de playa de una droga que se elabora cortando la cocaína con derivados de sustancias opiáceas, con el objetivo de dotar a las dosis de un mayor poder de adictividad. "Cualquier persona que tome opioides corre el riesgo de manifestar una adicción o de profundizarla", explica la médica toxicóloga Mónica Nápoli a Data Clave.
"Estas sustancias ocasionan liberación de endorfinas, los neurotransmisores del cerebro que provocan bienestar y las endorfinas amortiguan tu percepción del dolor y aumentan los sentimientos de placer, lo que crea una sensación temporal pero poderosa de bienestar. Cuando se pasa el efecto de la dosis, querés que esa sensación vuelva lo antes posible, este es el primer paso en el camino hacia una posible adicción", detalla la especialista.
Existen en el mercado farmacológico productos que contienen esta sustancia, usada fundamentalmente para tratamientos del dolor. La oxicodona, el tramadol, el fentanilo o cualquier otro opioide sintético, tienen formas comerciales que pueden conseguirse en farmacias bajo estricta prescripción médica. Ultram (tramadol), Dolophine y Methadose (metadona), OxiContin y Roxicodone (oxicodona), Actic, Duragesic, Fentora y Lazanda (fentanillo), son algunas de las marcas más utilizadas.
Al comienzo de la investigación hubo una linea de investigación que planteaba la posibilidad de que el corte de la cocaína se hubiera efectuado para provocar un incidente con los consumidores de esas dosis y generar el desplazamiento de un grupo de narcos que operaban en la zona. Rápidamente fue descartada. Nadie mata a los clientes que quiere disputarle a otro narco.
Otra hipótesis sugería que el fentanilo pudo haberse agregado al corte -como se hace con otras sustancias- para abultarlo y maximizar la cantidad de dosis y, por ende, las ganancias. Pero también se descartó la idea ya que los opioides son más caros y difícil de conseguir que cualquier otro producto habitualmente utilizado para cortar la mercadería con estos fines.
"El verdadero objetivo de esta práctica temeraria es incrementar el poder adictivo del producto final y fidelizar a los clientes", explica a este portal una fuente de la investigación. Por supuesto que estos opiáceos son depresores del sistema nervioso central, por lo que su abuso o su utilización inadecuada puede conducir a la muerte. Solamente el año pasado murieron en los Estados Unidos 70 mil personas a causa de consumo no supervisado de estos medicamentos. "Un corte que se exceda los 100 miligramos termina en cuadros irreversibles", confirmó el informante.
"Para obtener un producto estable que no produzca efectos mortales, este tipo de mezclas solo pueden realizarse con mucha precaución, en laboratorios muy sofisticados y con instrumentos de precisión", concluyó el investigador. Precaución y precisión, dos condiciones rara vez presentes en las improvisadas cocinas del conurbano bonaerense donde se fraccionan estupefacientes para su venta.
Los dueños del negocio
Miguel Ángel "Mameluco" Villalba es un viejo conocido de los cronistas que hace más de dos décadas recorremos el Gran Buenos Aires contando historias de narcos. Durante buena parte de la primera década de este siglo, fue el mandamás de la falopa en todo San Martín. A través de una red de empresas legales (fundamentalmente lavaderos de autos y remiserías) y un ejército de soldaditos dispuestos a dar la vida por un papel, Villalba logró encubrir la enorme cantidad de dinero que generaba por el negocio de la venta de estupefacientes, con cabecera en la villa 9 de julio y la 18 de Billinghurst.
Pero un día el reinado de Mameluco entró en el ocaso. Fue detenido varias veces, hasta que las sucesivas condenas finalmente sepultaron sus ansias de libertad. Sin embargo continuó manejando sus intereses detrás de las rejas. Primero delegó en su hermano parte del control del emporio erigido en base a dos factores siempre presentes en esta actividad: la enorme temeridad y la complicidad del poder policial, con cuyos referentes zonales Villalba mantenía aceitadas relaciones.
Luego entraron a tallar algunos de sus lugartenientes como Javier Alejandro "Rengo" Pacheco, quien no tardó en darse cuenta de la oportunidad para quedarse con la parte del león y empezó a desplazar a “Los Mamelucos boys” del control del territorio, también disputado por otras bandas como la de los “paraguayos de la Villa Corea” y la de Blas Adrián “Gordo” Gómez y Max Alí “Alicho” Alegre.
Pero Mameluco siempre fue un hueso duro de roer y no se rindió tan fácilmente. Dio la pelea y repartió el territorio que aún le quedaba entre sus dos hijos, Alan y Dylan, que controla la villa Libertador. El resto se distribuyó entre los punteros que aún le respondían: en la villa general Lavalle se asoció con Marcelo alias "Moco"; en Lanzone con "Cascarilla"; en la 18 con "Batata" y en Puerta 8 con el "Zurdo", cuya hija está en pareja con un hijo de Mauro Villalba, otro heredero del clan.
El escenario se terminó de empiojar cuando el año pasado, lo detuvieron a Pacheco. Ahí se detonaron los precarios acuerdos entre las bandas y todo se desmadró. "El Rengo entendió rápidamente que la mejor manera de ganar la batalla era pactando con la Departamental de San Martín y entonces acordó entregar los kioscos de Mame a cambio de que lo dejen seguir laburando", relató a Data Clave un ex integrante de la organización delictiva, alejado de la actividad "por razones de salud" (dos balazos en el abdomen).
Desde el penal de Ezeiza donde permanece detenido, Pacheco -en sociedad con la policía- voltea bunkers de su antiguo jefe y hoy rival en la disputa por el territorio, mientras Mameluco, también encarcelado pero en Rawson, intenta infructuosamente no perder pie. "Asi cayeron varios, como el Alicho, a quien el Rengo le puso el mote de capo narco para sacarlo de la cancha y ahora lo quiere embalurdar con toda esta mierda del fentanilo en Puerta 8, pero no tiene nada que ver", concluyó el informante.
El verdadero "cartel" Bonaerense
"Los socios de los narcos visten uniforme", le dice a Data Clave un ex integrante de la Brigada anti narcóticos de la policía de la provincia de Buenos Aires que supo patrullar las calles de San Martín y que conoce al dedillo estos territorios. Hoy alejado de la fuerza por "razones ajenas a mi voluntad" mira el "partido que estamos perdiendo contra los narcos" desde su humilde vivienda ubicada en un popular barrio del Oeste profundo y no puede dominar la indignación que le provoca ver el enriquecimiento difícil de justificar de muchos de sus ex compañeros. "Estos no son policías, son delincuentes", remarca.
Son muchos los hombres de la fuerza de seguridad bonaerense que observan el deteriorio de lo que, alguna vez, supo ser "la regulación del mercado de los estupefacientes". Es que, históricamente, el modelo punitivo instalado desde principios de la década del setenta cuando Richard Nixon declaró "la guerra frontal contra las drogas" cuenta con la inestimable colaboración de los dispositivos policiales de control que se trasformaron en reguladores del negocio.
"El Estado, a través de las prácticas ilegales de sectores activos y poderosos de sus policías, no sólo forma parte del narcotráfico, sino que ha sido el factor determinante de su expansión y configuración actual" asegura el ex ministro de Seguridad santafesino y especialista en delito complejo Marcelo Sain. Un factor que agrava la situación es que la dirigencia política gambetea el debate de fondo. Incluso, algunos dirigentes han llegado a señalar que los polinarcos "son funcionarios deshonestos institucionalmente aislados que no comprometen al resto de la organización ni, muchos menos, a sus responsables políticos".
Lo que se intenta ocultar es que el involucramiento policial en el narcotráfico "es la consecuencia inevitable de una modalidad de gestión del crimen inscrita en un doble pacto de gobernabilidad de la seguridad pública que se impuso en Argentina desde los años 80 y que se transforma en la base del problema actual", añade Sain. Este doble pacto implicó, por un lado, la delegación del gobierno de la seguridad por parte de las sucesivas autoridades gubernamentales a las cúpulas policiales (pacto político-policial). Y, por otro lado, el control de los delitos, y en especial de la criminalidad compleja, por parte de la policía a través de su regulación y su participación (pacto policial-criminal).
La regulación policial ha permitido la generación y posterior expansión de los principales mercados ilegales de bienes y servicios, tan rentables como peligrosos. En ese amplio espectro se ubican desde las drogas ilegales, hasta la venta de repuestos obtenidos del desguace de automóviles robados, y el de los servicios sexuales provistos a través de la explotación de personas.
"La cana vende la protección al narco que cotiza según la magnitud del negocio del puntero, las puestas pueden ir desde las cincuenta lucas hasta el medio millón por semana", aporta un referente barrial de la 18 en diálogo con Data Clave. Esto significa, no solo liberar la zona para no detener a ningún puntero que responda al traficante local, sino también la detención o liberación de presos, la protección de informantes, entre otros "servicios adicionales".
O sea, va mucho más de una "coima" que pide el policía de calle para llevarse un mango más al bolsillo y compensar los magros salarios que perciben. "Se trata de una serie de transacciones ilegales estructurantes del propio negocio criminal mediante las cuales la fuerza de seguridad brinda estabilidad y protección a la trama criminal, garantizándole previsibilidad", explica el experto Matías Dewey en su trabajo “Illegal Police Protection and the Market for Stolen Vehicles in Buenos Aires”, publicado en el Journal of Latin American Studies.
Existen causas judiciales donde queda acreditado que la policía de la provincia es "socia" de los narcos que operan en el Gran Buenos Aires y que reparten los dividendos obtenidos por los negocios ilegales protegidos. "De hecho solo tenés que mirar el nivel de vida que ostentan los responsables de las Departamentales de la zona oeste para darte cuenta que lo que tienen no podrían haberlo comprado ni en tres vidas con el sueldo que cobran", explicó a este portal un abogado que trabaja con organizaciones sociales de la zona.
De hecho existen registros "que ya obran en manos de las máxima autoridades de Seguridad" efectuados con cámara oculta donde puede verse a dos importantes jefes policiales explicando el mecanismo mediante el cual recaudan dinero proveniente de la venta de estupefacientes. "Incluso quedaron registrados en el mismísimo momento en el que efectúan una transacción realizada el pasado 19 de noviembre, donde los policías -cuyos rostros son claramente identificables en la imagen- dan detalles de cuánto, cómo y a quién le cobran por la protección", explicitó la fuente, que pidió preservar su identidad por obvias razones.
"En la provincia de Buenos Aires no hay carteles, ni grandes organizaciones narco criminales, no jodamos, son todos narquitos de poca monta; acá, no tengas dudas, que el principal cartel es la Bonaerense", concluyó el informante.