El bloque Democracia Para Siempre (DPS), con el diputado Pablo Juliano a la cabeza, junto a otros tres diputados de extracción radical, pidieron este martes al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, una sesión especial para el próximo miércoles 2 de julio a las 12. 

El tema sobresaliente es el proyecto de financiamiento universitario que viene a sumarse a los proyectos por jubilaciones y discapacidad que ya tienen media sanción. Otro tema que incomoda al gobierno y sus aliados. Además, forman parte del temario la declaración de la emergencia sanitaria en el Hospital Garrahan, en medio de los conflictos salariales. En el pedido se incluyeron dos proyectos uno de Encuentro Federal (EF) y DPS que y otro de Unión por la Patria (UP).

Estos temas no tienen dictamen por lo que para ser debatidos en el recinto necesita un tratamiento sobre tablas, es decir, los dos tercios de los votos. Ante este impedimento, la idea principal es que sean emplazados los temas en las comisiones correspondiente con fecha y horario para dar despacho. El apuntado en este caso es José Luis Espert que al mando de la comisión de Presupuesto y Hacienda evita tratar los temas que incomodan a LLA.

El temario lo completan con la creación de un programa nacional de salud mental, conocido como “ley de Alzheimer”, que impulsa el diputado Facundo Manes, un nuevo régimen de incentivo para pequeñas y medianas empresas; modificación del huso horario; proyecto de Julio Cobos y los dictámenes por juicio por jurados en el ámbito de la administración de justicia federal; uno de los temas que impulsó el oficialismo.

El último de los temas es el que más incomoda al gobierno nacional y que en anteriores sesiones buscó desactivar con éxito. Se trata de la modificación a la Ley 26.122 que regula los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). 

Una de las dos propuesta del temario que cuenta con dictamen es la modificación al Régimen Legal de los DNU, tema que fue llevado sin éxito al recinto en noviembre pasado y que no prosperó por falta de quórum. La iniciativa cuenta con el rechazo explícito del Gobierno nacional, quien en aquella oportunidad, desactivó la sesión con la colaboración de los gobernadores provinciales.

La iniciativa opositora establece un plazo de 90 días a partir de la publicación de un DNU para que sea aprobado por ambas cámaras del Congreso, de no ocurrir, pierde vigencia. Además, con rechazo de una cámara, el decreto se cae, un cambio radical respecto al régimen actual que obliga a la oposición a reunir el rechazo de ambas cámaras si quiere bloquear un decreto. Algo que solo ocurrió una vez desde 2006. 

Por el contrario, la iniciativa opositora invierte la carga y obliga al Poder Ejecutivo a conseguir la aprobación de diputados y senadores para que el DNU quede vigente. Si el decreto es dictado en receso parlamentario, el PEN convocará inmediatamente a sesiones extraordinarias.

Tal cual sucedió en 2024 con esta misma discusión, el gobierno acelera los contactos para impedir que la oposición pueda tener quórum y luego los votos para imponerse en los temas que rechaza. Es por eso que esta reforma a la ley de DNU quedó a la cola del temario.