La guerra política entre Nación y Ciudad por la coparticipación es cada vez más evidente y hay una marcada correlación de fuerzas: de un lado el Gobierno Nacional, queriendo “corregir los desequilibrios que se dieron durante el macrismo y que beneficiaron a Larreta”, mientras que el gobierno porteño busca instrumentos “para tapar los agujeros fiscales por la desfinanciación”.

En la Legislatura porteña, en paralelo con el avance de la coparticipación en el Congreso, se presentaron varios proyectos como la creación de un impuesto al sello del 1,2% para las operaciones con tarjeta de crédito, mientras que también se pusieron precio de alquiler para las bicicletas, entre otros aspectos.

Ahora el nuevo proyecto de la gestión Larreta fue un instrumento monetario para las operaciones financieras en CABA, precisamente con aplicar un impuesto a las Leliqs. Tras esto, el Banco Central, dirigido por Miguel Pesce, presentó una medida de amparo en la Corte Suprema para declarar esta iniciativa como inconstitucional.

“La inconstitucionalidad se pide sobre los artículos de la Ley Tarifaria 2021 y Presupuesto 2021, en cuanto prevén la imposición efectiva del impuesto a los ingresos brutos a las actividades consistentes en operaciones de pases, los activos subyacentes o colaterales y operaciones sobre títulos, bonos, letras, certificados de participación y demás instrumentos emitidos y que se emitan en el futuro por el BCRA”, destacó el comunicado oficial de la entidad. 

En off, fuentes del gobierno porteño le manifestaron a Data Clave que “no están gravando un instrumento financiero de BCRA”, sino “los intereses que esos instrumentos dejan”. Además, la misma fuente recita que “es curioso que haya varias provincias que están haciendo lo mismo con las Leliqs, como Tucumán, Salta y Misiones y que no se aplique la misma vara”.

Por su parte, la primera respuesta oficial fue del ministro de Hacienda porteño, Martín Mura quien expresó que “esto se enmarca en algo que va mucho más allá de los fondos de la Policía”, y que lo que ocurre es que “hay una idea de desfinanciar la Ciudad”. En cuanto a la presentación hecha a la Corte Suprema, la cartera económica del gobierno de CABA todavía no tuvo acceso al pedido de certeza presentado por la entidad monetaria, lo que ocurrirá "si es que el máximo tribunal lo admite" y recién ahí el gobierno de la ciudad efectuará el descargo correspondiente.