Crecen los cortocircuitos entre el Gobierno y los trabajadores de la ex-AFIP, hoy reconvertida en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Desde la mañana, las sedes del organismo tributario amanecieron con apagones informáticos y asambleas simultáneas, convocadas por la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), el sindicato más fuerte del sector. La medida de fuerza se enmarca en una escalada de reclamos por el congelamiento salarial que ya lleva más de un año y la amenaza persistente de despidos masivos.

El conflicto no es nuevo, pero esta vez tomó más volumen: "Estamos ante un intento de vaciamiento sin precedentes", denunció el gremio en un comunicado. Según detallaron, desde el inicio de 2024 se registraron “miles de bajas” en estructuras y tareas clave del organismo. La bronca de fondo es con Juan Pazo, actual titular de ARCA, a quien los trabajadores acusan de llevar adelante "una conducción sorda y sin experiencia en temas fiscales". En paralelo, cuestionan al Gobierno nacional por imponer condiciones judiciales para avanzar en las paritarias.

Los sueldos de la planta están congelados desde marzo de 2024, mientras que la inflación interanual ya superó el 55%, de acuerdo a datos del Indec. Hoy, el salario básico en ARCA es de $1.700.000, pero además una parte variable del ingreso —vinculada a los porcentajes de recaudación— se redujo nominalmente un 12%. El malestar no se limita a la cuestión salarial: se siente también en la falta de personal, producto de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas.

En octubre del año pasado, el vocero presidencial Manuel Adorni anunció que la AFIP sería disuelta y reemplazada por la actual ARCA. En ese momento, el Ejecutivo también oficializó la intención de desvincular a 3155 empleados, lo que representaba el 15% del total de la planta. Argumentaron que eran nombramientos irregulares del gobierno anterior. Sin embargo, esa avanzada quedó parcialmente frenada por una medida cautelar dictada en enero por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que aún se mantiene vigente y que impide avanzar con despidos o recortes que afecten la estabilidad laboral.

Pese a ese freno judicial, hubo 800 retiros voluntarios en 2024 y más de 1600 trámites jubilatorios iniciados, una cifra que cuadruplica el promedio anual de jubilaciones registrado en épocas anteriores. Desde la AEFIP denuncian que esta situación configura un "desguace silencioso del Estado", y que el objetivo es dejar inoperante al ente recaudador para abrir la puerta a futuras privatizaciones o externalizaciones de funciones clave.

En este clima de creciente tensión, el gremio encabezado por Pablo Flores —referente de la CGT y cercano a Pablo Moyano— confirmó que el próximo martes habrá un nuevo apagón informático, con alcance nacional. Además, la AEFIP convocó a movilizarse el 30 de abril junto a la CGT, en una marcha que reunirá a sindicatos de diversos sectores bajo el lema de “defensa de los derechos laborales y de los jubilados”.

Actualmente, el Gobierno no logró restablecer un canal de diálogo fluido con el gremio. Según fuentes sindicales, Juan Pazo condicionó cualquier mesa de negociación a que se levanten las demandas judiciales, algo que desde la AEFIP consideran inaceptable. "Primero se garantizan los derechos, después se conversa", repiten entre los delegados del sindicato que hoy protagoniza una de las principales resistencias internas al ajuste libertario.

El conflicto entre el Gobierno y los trabajadores de ARCA se encamina a una nueva fase de confrontación directa. Las medidas de fuerza ya afectan el funcionamiento normal de la administración tributaria y, si no hay respuestas oficiales, podrían extenderse durante todo mayo. En paralelo, la cautelar judicial sigue vigente y frena cualquier intento de despido masivo, pero no impide la erosión progresiva de estructuras clave dentro del organismo.