Petri dio de baja a 23 militares con sentencia firme por delitos de lesa humanidad
El Ministerio de Defensa aclaró en un tuit que la medida había sido solicitada por una fiscalía especializada. Resquemores internos.
El ministro de Defensa, Luis Petri, dio de baja a 23 oficiales del Ejército de alto grado que tienen condena firme por delitos de lesa humanidad y la medida provocó malestar en las filas de la fuerza, según fuentes castrenses.
La novedad fue dada a conocer por el diario La Nación, histórico portavoz del pensamiento militar. De algún modo, la decisión del ministro genera alguna sorpresa, ya que el actual gobierno está muy alejado de la defensa de los derechos humanos.
Según se consigna la baja alcanza cuatro generales y 19 coroneles –todos retirados– que habían recibido condenas judiciales por delitos de lesa humanidad. La baja había sido pedida por de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), por tratarse de casos que llegaron a sentencia firme.
“Entre los militares comprendidos en la resolución se encuentran el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci”, se consigna.
En las fundamentos de la resolución firmada por Petri se recureda que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó el 30 de octubre del año pasado, mediante un oficio, “disponer la baja del personal de oficiales jefe y oficiales subalternos que han recibido sentencia judicial firme por causas de lesa humanidad”, de acuerdo con lo prescripto en la Constitución Nacional.
Se cita, además, el decreto 721/2016, que delega en el ministro de Defensa la disposición de los “retiros y bajas obligatorias de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas”.
En su mensaje, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas le recordó al ministro de Defensa que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”.
Quizás para atajarse de reclamos de militares, el Ministerio de Defensa sostuvo en un comunicado que la baja a personal militar “fue emitida en cumplimiento de sentencias judiciales que ordenan dicha medida respecto de personas condenadas con sentencia firme”.
Y además se publica una copia de la carta que la PIA envió al Ministerio en octubre con la nómina de todos los militares condenados por delitos de lesa humanida a los que se les requería la baja por estar firmes sus condenas.