El debate es cíclico: cada seis meses algún caso particular nos hace debatir la mal llamada “justicia por mano propia” y los alcances de la legítima defensa. La madrugada del 1 de enero de este año, Carolina Píparo y su marido fueron víctimas de un robo llevado adelante por un grupo de jóvenes en moto. Los amenazaron con un arma y se llevaron un celular, una billetera, una mochila.

Esta primera situación automáticamente se relaciona con lo que Píparo sufrió hace diez años: la salidera bancaria donde le dispararon y que provocó que el bebé que gestaba falleciera. Luego de este hecho, la mujer se convirtió en un ícono para muchas personas en cuanto a políticas de seguridad. Eso le permitió transformarse en diputada provincial de Juntos por el Cambio y también en Secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de La Plata.

La segunda parte de lo que sucedió esa noche invirtió los roles. La fiscalía a cargo de María Eugenia Di Lorenzo pidió la detención de Juan Ignacio Buzali, marido de Píparo, porque consideró que el hombre persiguió y atropelló con el auto a unos jóvenes que creyó que eran los asaltantes. “Sin importar las consecuencias de su accionar y con claro desprecio por la vida ajena y debiendo representarse el resultado muerte, embistió con el frente de su vehículo -zona media- el sector trasero del motovehículo”, agregó la encargada de la acusación.

La secuencia siguió para la fiscalía con otro hecho grave: “Lejos de detenerse, llamar a la policía y preocuparse por los jóvenes a los que atropelló, huyó del lugar a gran velocidad, arrastrando consigo la moto antes embestida, no mostrando interés respecto a si alguno de los sujetos pudiera haber quedado atrapado debajo del vehículo, demostrando con ello un total desprecio por el resultado de su accionar, quedando ello de manifiesto, no solo con la falta de asistencia a los sujetos que arrollara, sino también por haberse dado a la fuga del lugar, todo ello con la intención de ocultar su participación en el suceso”.

Píparo en su declaración como testigo había intentado dejar en un mejor posición a su esposo. Esbozó una estrategia que se basó en el miedo: miedo a que los ataquen de nuevo, miedo a que esas motos asalten a otras personas. Con ese pensamiento es que justificó la persecución. La fiscal desestimó esa posibilidad y la jueza también: con las evidencias que hay hasta ahora se pudo corroborar que las motos nunca rodearon el auto de Píparo y Buzali. O sea que siempre fueron las perseguidas hasta el momento del arrollamiento.

Píparo intentó también convencer a las autoridades judiciales de que no se habían dado cuenta del choque y que pensaron que se trataba de un incidente mecánico. “El motovehículo con el que transitaban ambas víctimas quedó enganchado debajo del sector delantero del automóvil embistente y, sin importar dicha circunstancia, su conductor emprendió la fuga del lugar arrastrando el rodado menor mientras éste desprendía chispas por el roce con el asfalto -particularidad que no podía pasar inadvertida por los ocupantes del automóvil- por una distancia aproximada de trescientos metros”, destacó el informe que dio pie a la detención. 

Buzali declaró este sábado y mantuvo su estrategia: no hubo intención de atropellar a nadie. Su defensa sabe que hay una gran diferencia entre una doble tentativa de homicidio y unas lesiones culposas. El debate público oscila entre la posibilidad de una justicia por mano propia que salió mal o el hecho de que fueran a defenderse de una situación violenta. 

El derecho, mientras tanto, deberá esclarecer no solo qué fue lo que sucedió sino en qué momento y bajo qué circunstancias. La posibilidad de una legítima defensa se diluye: había pasado más de una hora entre el robo y el choque; no había tampoco una proporcionalidad en la actuación. 

En los últimos años, las víctimas de delitos pasaron a tener un rol preponderante dentro y fuera de los procesos judiciales en los que intervienen. Muchas veces ninguneadas y maltratadas, se convirtieron en una especie de brújula sobre lo que debe hacerse en cuestiones de seguridad, de crimen y de investigaciones. 

El gobierno de Mauricio Macri se sumó a un discurso más relacionado con la mano dura mientras que el de Alberto Fernández parece seguir con una línea más progresista. No obstante, los dos tuvieron y tienen falencias: a ambos les falta encarar una política pública clara en cuanto a cuestiones de seguridad, que no puede regirse únicamente por el sentir de una víctima o la actuación aislada de un juez o un fiscal.