Los diputados nacionales de la UCR, Luis Petri y Alfredo Cornejo, presentan un proyecto de ley para autorizar a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adquirir vacunas contra el covid-19 y proponen autorizar la importación y comercialización por parte de los privados. Sin embargo, el diputado nacional Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública, indicó que hoy “nadie impide a las provincias ir y comprarlas”.

Los legisladores de Juntos por el Cambio señalan en la iniciativa: “La estrategia que el gobierno nacional decidió implementar con respecto a la vacunación, lo consagra como único actor facultado para la adquisición de vacunas, asignando su distribución a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta postura implica dejar de lado los recursos y las acciones que podrían aportar, tanto para la adquisición como para la distribución, esas jurisdicciones y el sector privado. Se trata de un verdadero desperdicio de los activos con que cuenta nuestro país para ampliar el acceso a la vacunación”.

Yedlin explicó que las provincias tienen la posibilidad de importar y comprar medicamentos y efectivamente lo hacen. “Pueden, también, comprar vacunas de mercado, como por ejemplo la antivaricela, pero no lo hacen porque en Argentina la ley de vacunas establece que las compra la Nación, las distribuyen las provincias y cada jurisdicción las aplica. ¿Para qué van a comprar vacunas, si Nación se las da gratis?”, cuestionó Yedlin, quien considera que el proyecto de ley de la oposición es un “despropósito” y que no hace más que seguir politizando el tema.

Además, agrega que la inversión anual en vacunas es “cerca de 30 mil millones de pesos”, sin contar las del covid-19.

El diputado del Frente de Todos duda que esta iniciativa ayude a acelerar la llegada de vacunas al país. El contexto internacional evidencia que hay una escasez de oferta ante la alta demanda a nivel mundial. “Quizá Cornejo y Petri creerán que a ellos Pfizer sí les va a vender y a la Nación no le vende”, ironizó.

Respecto a la importación y comercialización por parte de los “privados”, no queda claro a quiénes se refiere. “No sé si son las farmacias, las droguerías, los sanatorios, o un empresario los que podrían comprar vacunas y a los que les exigen que el 10% de lo que compren lo donen al Estado nacional”, sostuvo.

 Además, para la aplicación de esas vacuna se respetaría el cronograma del Plan Nacional y orden de prioridad. “No tiene ninguna lógica sanitaria y no mejoraría en nada la disponibilidad de vacunas de los argentinos que más las necesitan”, dijo Yedlin.