Por incumplimientos del Estado, mantuvieron la cautelar que prohíbe la exploración petrolera
El Juzgado Federal N° 2 consideró que falta información sobre la participación de la Administración de Parques Nacionales y sobre los posibles varamientos de la ballena franca austral. El Ministerio de Desarrollo Sostenible deberá proveer más estudios ambientales para lograr los permisos.
El Juzgado Federal N° 2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín, ratificó la medida cautelar que frena la exploración petrolera a 300 kilómetros de la ciudad y el Estado suma así un nuevo revés judicial.
Tal como se desprende del fallo al que tuvo acceso Data Clave, el magistrado explicó que el Estado, a través del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, incumple con tres de los cinco recaudos exigidos por la Cámara Federal de Apelaciones anteriormente.
Los puntos señalados por el juez son la participación de la Administración de Parques Nacionales (APN) en la evaluación de los impactos ambientales, la falta de información sobre los posibles varamientos de la ballena franca austral y otros eventuales impactos al medio ambiente.
Martín remarcó que "las medidas adoptadas por Equinor, se desprende que ésta no incorporó referencia alguna respecto de la gran mayoría de las observaciones indicadas, que éstas se han ignorado, o incorporado con un grado de generalidad y escaso rigor científico que resulta evidente hasta para un observador lego en la materia".
Por lo tanto, "está claro que esta información debe ser producida y/o recopilada con anterioridad al inicio de las tareas, para determinar con la mayor precisión posible los impactos que sobre el ambiente generarán las actividades a realizarse, y de ése modo actualizar las medidas de mitigación y el plan de gestión ambiental", añadió la sentencia.
Para el juez, "las autoridades han tomado medidas que, si bien aparecen en principio como positivas y destinadas a evitar la generación de daños ambientales, no están acompañadas de un análisis científico riguroso que indique la razón de su eficacia".
De esta manera, para la justicia resulta insuficiente el escrito presentado el pasado 5 de agosto por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, donde el gobierno garantizó la presencia de la secretaría de control y monitoreo ambiental, que depende de esa cartera. Además, anunció la conformación de una comisión especial integrada por personal técnico de diferentes áreas para que lleven a cabo ese control.