Con el nuevo entendimiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya cerrado, el Gobierno de Javier Milei acelerará el rediseño del esquema de subsidios a la energía. La medida estrella que se viene es una poda masiva a los descuentos que recibe la clase media en sus facturas de luz y gas. Antes de que termine el año, cerca de 3 millones de hogares de ingresos medios quedarán excluidos del beneficio, lo que implicará un golpe directo a sus bolsillos.

La idea principal detrás de esta jugada es doble: por un lado, profundizar el recorte del gasto público; por el otro, empujando la desregulación del sistema energético. Con ese objetivo en mente, el Ejecutivo planea eliminar la segmentación actual por ingresos (que divide a los usuarios en grupos de ingresos altos, medios y bajos) y dejar solo una asistencia focalizada para los sectores más vulnerables.

El nuevo esquema estará a cargo de María Carmen Tettamanti, secretaria de Energía, y ya comenzó a aplicarse en forma progresiva. Desde su cartera iniciaron una reducción en los descuentos que reciben los usuarios residenciales. “Este cambio es necesario para ordenar el sistema y hacerlo más eficiente”, señalan desde el entorno de la funcionaria a Noticias Argentinas. El mensaje entre líneas es que el Estado se va a correr del financiamiento de los servicios y los usuarios deberán empezar a hacerse cargo del precio pleno de la energía.

Los números hablan por sí solos. Según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), hasta diciembre había 9,5 millones de usuarios eléctricos subsidiados, de los cuales 3,2 millones pertenecían al Nivel 3 (ingresos medios). En el caso del gas, eran 5,3 millones los hogares con ayuda estatal, incluyendo 2,2 millones en ese mismo segmento. Es ese universo el que ahora perderá el beneficio, en una clara señal de reconfiguración del esquema distributivo del Estado. 

La administración libertaria ya viene ajustando fuerte desde diciembre de 2023. Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet, en lo que va de su gestión, las tarifas de electricidad se dispararon un 264%, mientras que las de gas aumentaron un 622%. Con este nuevo cambio, los valores seguirán subiendo y los subsidios seguirán achicándose: según las proyecciones del propio FMI, el gasto en subvenciones energéticas caerá del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025. 

Además del nuevo esquema para los hogares, otra de las metas pactadas con el organismo internacional es avanzar hacia una reforma del mercado mayorista de electricidad, que deberá estar lista para noviembre. ¿La finalidad? “Mejorar la competencia y aliviar la presión sobre la cadena de pagos”, según el documento firmado. En línea con esto, la Secretaría de Energía ya dictó la Resolución 21/2025, que permite a las empresas energéticas firmar contratos directos sin tener que pasar por CAMMESA (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico), algo que hasta ahora era obligatorio.

Este giro en la política tarifaria se da en un contexto donde el Gobierno busca consolidar su plan de déficit cero, avalado por el Fondo, y desamar progresivamente los mecanismos de intervención estatal en la economía. Aunque el discurso oficial apunta a un futuro de “eficiencia y transparencia”, el impacto inmediato recaerá en los sectores medios, que ya vienen golpeados por la inflación, la caída del poder adquisitivo y la recesión.

Como dato reciente, desde la Secretaría de Energía aclararon que la asistencia para los sectores de menores ingresos seguirá vigente, pero únicamente bajo un formato más acotado y condicionado. El nuevo sistema aún no fue reglamentado por completo, pero se espera que en las próximas semanas se publique el nuevo formulario de inscripción para recibir el beneficio, que reemplazará al actual RASE. La idea es centralizar el control y evitar “fugas” en el otorgamiento del subsidio, según explican fuentes oficiales.