En el marco de una causa por crímenes de lesa humanidad, el juez federal Ernesto Kreplak procesó hoy al exjefe de Personal de Molinos Ríos de La Plata, Emilio Jorge Parodi.

Parodi fue detenido en julio por orden del juez en una causa que investiga la responsabilidad del directorio de la empresa en secuestros, torturas y desapariciones de sus trabajadores. El magistrado había indagado a Parodi por la responsabilidad que habría tenido el exjefe de personal de Molinos por la privación ilegítima de trabajadores, algunos de ellos desaparecidos.

En la causa, iniciada en 2013 por la denuncia de hijos de obreros desaparecidos en la planta de Avellaneda, se investiga la complicidad de propietarios, directivos, administradores y gerentes de Molinos -empresa que pertenece al conglomerado Bunge & Born- en el secuestro, privación ilegítima de la libertad, tortura y desaparición de trabajadores, hechos que se sucedieron entre los años 1976, sobre todo el 6 y 7 de julio, hasta 1978.

Inicio del expediente

La detención del exgerente, de 82 años, fue resultado de un largo proceso judicial. En junio de 2013, los hijos e hijas de tres trabajadores desaparecidos realizaron una denuncia. En 2015, la Unidad Fiscal impulsó formalmente la acción penal, tras analizar en conjunto con la entonces Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero (hoy Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones) de la Procuración General la documentación secuestrada en 2014 en dos sedes de Molinos ubicadas en Victoria y Avellaneda. 

Al momento de instar la investigación penal, la fiscalía consideró probado que Molinos Río de La Plata Sociedad Anónima "pasó de soportar pérdidas al cierre del ejercicio previo a la dictadura, a obtener ganancias en los dos períodos siguientes".

En tal sentido, refirió: “Se puede decir que con el golpe de Estado, los reclamos gremiales que se venían sucediendo en Molinos Río de la Plata S.A. finalizaron con el secuestro y desaparición de trabajadores y que, las medidas adoptadas por las autoridades militares en el plano económico beneficiaron notablemente a la empresa, especialmente durante los primeros años desde que se implantara el régimen militar”.

Los representantes del MPF concluyeron en esa oportunidad: “No creemos que sea producto del azar que en la misma época en que la empresa obtuvo considerables ganancias económicas, que registró el más bajo costo laboral y que disminuyó abruptamente el monto destinado a afrontar juicios laborales por despidos, se produjeran las ‘negociaciones’ con los trabajadores -activistas políticos sindicales dentro de la empresa- para que los mismos renunciaran o que se consignaran en las declaraciones juradas anuales que los trabajadores habían hecho ‘abandono de trabajo’ cuando la realidad era conteste en demostrar que estaban siendo detenidos ilegalmente”.