Mientras el oficialismo nacional acelera los tiempos para lanzar un nuevo blanqueo de capitales, la provincia de Buenos Aires dejó en claro que está dispuesta a discutir su adhesión, aunque bajo una condición clave: que haya garantías jurídicas que impidan futuras persecuciones. Así lo aseguró este lunes el titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, en una rueda de prensa donde ratificó la voluntad de diálogo pero también marcó distancia del relato que construyó la administración libertaria.

"No es que vayamos a perseguir a nadie que tenga un canuto, ni que estemos en contra de que usen dólares, ni que se mueva la actividad", aclaró Girard, en tono irónico, para desmentir las acusaciones que llegaron desde Nación tras las críticas del gobernador Axel Kicillof al nuevo régimen que se cocina en Casa Rosada. Según el funcionario bonaerense, hay negociaciones abiertas y un canal formal de intercambio con Juan Pazo, titular de ARCA, el organismo nacional de coordinación tributaria.

De hecho, Girard habló de una reunión “cordial” con su par nacional y dijo: "estamos estudiando la adenda que nos propusieron y por estos días tendremos un nuevo intercambio con autoridades nacionales para ir definiendo". Sin embargo, fue enfático en señalar que para que la Provincia se sume al blanqueo, es necesario modificar el Régimen Penal Tributario y Cambiario, junto con reformas en la Ley de Procedimiento Tributario. "Sin eso, la seguridad jurídica no está garantizada", insistió.

Desde el Ejecutivo nacional fue el jefe de Gabinete Guillermo Francos quien tomó la posta en la defensa del proyecto. Adelantó que en el transcurso de esta semana será presentado formalmente y sostuvo que el objetivo es “darles todas las garantías” a quienes ingresen sus dólares al circuito legal, especialmente a los que los tienen guardados "en el colchón". Según Francos, se busca permitir el uso libre de ahorros por fuera del sistema financiero tradicional.

Pero las tensiones políticas escalaron después de que desde Nación se acusara al gobierno bonaerense de tener una postura “soviética” frente al proyecto. Fue el propio Pazo quien salió a cruzar a Kicillof, con declaraciones en Radio La Red que subieron el tono del debate: "Por los tributos nacionales, ARCA no va a perseguir a nadie si adhiere al nuevo régimen. Esta concepción soviética de Kicillof y su equipo no me llama la atención, no es nada nuevo, ellos nos llevaron a este régimen de exceso de la información”.

En respuesta, Girard cuestionó el armado narrativo del Gobierno libertario: "Hubo una reacción de construir una narrativa donde el Gobierno nacional es el defensor de los argentinos de bien y la gente que trabaja, y nosotros vendríamos a ser los soviéticos que pedimos seguridad jurídica". El mensaje es claro: la Provincia no se va a dejar correr con el discurso del miedo y quiere discutir el tema con fundamentos técnicos y legales, no con slogans.

Lo cierto es que la iniciativa de Javier Milei busca captar dólares que hoy están fuera del sistema bancario, con una estrategia que, según trascendió, incluiría incentivos para blanquear sin penalidades, siempre que los fondos se mantengan en el país. Desde el oficialismo aseguran que la intención es mostrar señales concretas de confianza para lograr una mayor circulación de divisas en el mercado formal, en medio de un contexto económico aún inestable.