El abogado Gregorio Dalbón, parte del equipo de Cristina Kirchner, informó que se presentó ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Países Bajos, para denunciar “la situación de persecución política, judicial y mediática contra la ex presidenta”.

“Algo que es importante decir es que el Código Procesal Penal Federal ya incorporó la posibilidad de que si un organismo internacional recomienda la revisión del fallo ésto es vinculante”, explicó Dalbón en declaraciones radiales.

En referencia a ello, señaló que "sólo tienen que mirar el artículo 366 inc f del Código Procesal Penal Federal que ya está en uso en el país y casualmente lo usa el tribunal que condenó a Cristina”.

En su presentación en la Corte Internacional, Dalbón sostuvo que “esta nueva escalada se enmarca en un patrón reiterado de actos coordinados por agentes estatales y paraestatales, que podrían configurar elementos típicos del crimen de persecución por motivos políticos”.

Con relación a la condena a seis años de prisión y a la inhabilitación a ejercer cargos públicos, el abogado sostuvo que se trata de una prohibición para ejercer la actividad política.

“Simultáneamente, la exclusión de facto del proceso democrático mediante instrumentalización judicial del aparato penal constituye una forma moderna de prohibición política indirecta, en abierta violación a los artículos 23 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, dijo el abogado en la presentación.

Dalbón sostuvo que “el intento de encarcelar a Cristina Fernández de Kirchner no es un acto aislado. Es la pieza final de un engranaje de persecución sistemática y sofisticada. El silencio ante este caso puede sentar un precedente de retroceso democrático en toda América Latina”.

En ese sentido, solicitó al fiscal ante la Corte:

1. Que tome nota de la presente ampliación y la incorpore a la evaluación preliminar de la situación en Argentina, en los términos del artículo 15 del Estatuto de Roma;
2. Que considere la apertura de un examen preliminar formal respecto de la posible comisión de crímenes de lesa humanidad por persecución política, de conformidad con el artículo 53 del Estatuto;
3. Que se requiera información adicional a las autoridades del Estado argentino y a organismos internacionales especializados en derechos humanos;
4. Que se mantenga la vigilancia internacional sobre la situación de Cristina Fernández de Kirchner, dada la gravedad de la amenaza de detención, y se evalúe la posibilidad de adoptar medidas urgentes preventivas para evitar un daño irreparable.