Corroborar lo dicho de lo hecho. La Justicia federal allanó la mansión del magnate Joe Lewis para verificar si los comprobantes y las declaraciones como testigo de su administrador, Nicolás Van Ditmar, fueron veraces o un intento de encubrir que el viaje que jueces y directivos de Clarín realizaron en octubre fue un regalo.

El procedimiento fue encabezado por la jueza federal de Bariloche, Silvana Domínguez, y se prolongó desde el atardecer del lunes hasta la mañana del martes 13, según consignó el diario Página 12.

El operativo se produjo exactamente una semana después de que la fiscal federal María Cándida Etechepare dictaminó que debía impulsarse la investigación y pidió una serie de medidas para investigar a los jueces federales Julián Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Pablo Yadarola (Penal Económico), Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal) y Carlos Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal).

También son sospechosos el fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D´Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A. Tomás Reinke.

La fiscal también imputó a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación, quienes no habrían compartido el vuelo con el resto de los imputados pero sí se reunieron con ellos en el aeropuerto de Bariloche, según surge de los registros fílmicos incorporados al expediente en la investigación preliminar.

Según recuerda la fiscal en su dictamen, el contingente fue recibido personalmente por “Nicolás Van Ditmar, presidente de ‘Hidden Lake S.A.’, circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia”. 

En las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Bariloche se observa que Van Ditmar está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados. 

“Allí también se ve cómo, instantes después, se levantan de una mesa de cafetería (ubicada al fondo de la filmación) dos sujetos que se acercan al grupo y saludan a sus integrantes. De un simple cotejo con las imágenes de Google es posible suponer que se trata de los antes nombrados Casey y Rendo”, dice la fiscalía.

Van Ditmar declaró ante la fiscal días antes del dictamen para explicar que es habitual recibir viajeros, que ese contingente fue el único que estuvo en la mansión durante ese fin de semana y que en la administración tenía los comprobantes de los supuestos pagos.

Es que los jueces están sospechados de haber recibido una dádiva, un regalo, ya que el viaje de lujo se sospecha que podría haber sido pagado por el Grupo Clarín. Por eso en los audios que trascendieron se escucha a quien se supone es el juez Ercolini dar una serie de consejos para tratar de demostrar que el viaje fue pagado.

Van Dimar aportó en la fiscalía “aportó las las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados (a excepción de Bergroth y Reinke) por la suma de USD 605 cada una, que acorde a la cotización imperante al 28 de octubre del año en curso en que fueron emitidas, equivaldría a $97.707,5”. 

“Una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28. También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, dice el dictamen.

Justamente, para corroborar la veracidad de las facturas que a la fiscalía le llaman la atención es que se produjo el allanamiento en la estancia de Lewis, que se concretó con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

“En el procedimiento fueron secuestrados teléfonos celulares --entre ellos el del presidente y administrador de la empresa ‘Hidden Lake SA”’ de Lewis--, biblioratos y documentación contable, facturas sospechosas y las cámaras de seguridad del lujoso establecimiento", asegura Página 12.

En los audios de Telegram que trascendieron quien sería el fiscal general Mahiques da a entender que había hablado con la fiscal para que tomara una serie de medidas y enviara la causa a Comodoro Py. Pero eso quedó descartada con el dictamen de la semana anterior.