El clima político y social en Río Negro se calentó en las últimas semanas y no solo por la cercanía de las elecciones provinciales, que serán el 16 de abril. A menos de dos semanas de los comicios, un reclamo salarial de la policía encendió las alarmas en el Gobierno. Las protestas se replicaron en distintas ciudades y hasta hubo retención de tareas y un encadenamiento en el ministerio de Seguridad.

Distintas fuentes señalan que la protesta policial se inició la semana pasada con el anuncio de retención de servicio en comisarías del Alto Valle. Pero como suele suceder en estos casos, el Gobierno maneja otra versión de los hechos: aseguran que no hay cese de servicio y que el reclamo alcanza solo a uniformados retirados. En cualquier caso, los policías denuncian que un sueldo de una categoría baja no supera los 120.000 pesos, cifra que no supera la línea de pobreza.

El caso es que dentro del propio oficialismo, hay quienes se muestran preocupados. “Es un desastre la situación”, confió un dirigente de Juntos Somos Río Negro a Data Clave, aunque reconoció las sospechas de un agite político detrás. Según afirmó, una de esas personas que se apersonaron en las manifestaciones participó de un acto político del candidato del PRO, Aníbal Tortoriello.

Casualmente, el diputado nacional se expresó respecto del reclamo días atrás: “Vemos con mucha preocupación que en la provincia la inseguridad crezca y que las personas que deben cuidarnos no tengan lo mínimo y necesario para hacer su trabajo”.

Tweet de Aníbal Tortoriello

El trasfondo detrás de la protesta tiene varias aristas políticas. “Hay 2 o 3 grupos de policías retirados que están detrás de los reclamos”, apuntó un dirigente desde los pasillos de Casa de Gobierno a Data Clave. Según explicó, una de las facciones forma parte de una negociación permanente con el gobierno; otra es más outsider, que reclama por zona austral; y luego hay un tercer movimiento que “son los que se autoperciben retirados pero en realidad son cesanteados”.

Pero claro, como en cada reclamo, hay un sustento real, más allá de cualquier disputa política. Los salarios  son bajos, se licúan por la inflación y los policías están atrasados con respecto a otros trabajadores de la provincia. Una policía y una pensionada están encadenadas en la Unidad Regional Segunda de General Roca y otras dos mujeres en Villa Regina. Reclaman por el pago de la Zona Austral y una recomposición salarial.

“Algunos de los policías en actividad de sumaron y es un problema. El lunes se movilizaron a Viedma y fueron muchos. Pero no están las comisarías tomadas ni mucho menos”, reveló un allegado a la gobernadora Arabela Carreras a este medio. Representantes oficiales y del Consejo de Bienestar Policial mantuvieron en la noche del lunes una reunión en la sede del Ministerio Público Fiscal de Viedma, pero no hubo acuerdo y la medida de fuerza se mantiene.

Un sector del oficialismo desconfía del viejo archirival del candidato a gobernador, Alberto Weretilneck: ni más ni menos que el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. “El PJ identificado con Soria financia y alienta este tipo de movidas. Pasadas las elecciones, esto se desinfla”, aseveraron a este medio. Mientras tanto, el Gobierno no se queda de brazos cruzados: en los próximos días se anunciará una recomposición salarial y compra de patrulleros.