Finalmente se anunciaron las medidas para facilitar el uso de dólares del colchón, aunque en rigor no hay nada vinculado específicamente con los dólares. Se anunció la eliminación de distintos regímenes informativos, es decir, que ARCA recibirá menos información automática, un nuevo régimen simplificado para la declaración del Impuesto a las Ganancias, y un proyecto de ley para blindar esto de futuras administraciones, ya sea en formato de blanqueo o de “tapón fiscal”. Indirectamente eso podría potencialmente animar al uso de dólares no declarados, pero para eso hay que diseccionar bien todo el conjunto de medidas e intentar conjeturar su impacto real. Esto nos llevará tiempo a todos, pero podemos hacer un primer punteo sobre qué significa todo lo anunciado.

En principio, tentativamente, parecen medidas para estimular el uso de ahorros no declarados (que suelen estar en moneda extranjera): eso puede estimular consumo reprimido y, si se bancarizara, aumentar las reservas en el banco central. Pero al mismo tiempo, al “invisibilizar” (para ARCA) algunas transacciones económicas y stocks de activos (depósitos hasta determinado monto, inmuebles, etc), eso conlleva el riesgo de estimular más transacciones no registradas (no facturadas). 

Esto es así porque la subdeclaración de ingresos (de facturas emitidas) tendrá menos caminos para encontrar inconsistencias declarativas, que suelen surgir de la exposición de la evolución del patrimonio y de los consumos. Entonces surgiría un potencial efecto de costo-beneficio sobre las cuentas fiscales: hay que ver si son más las transacciones de consumo que surgen de ahorros pasados no declarados que las transacciones económicas que dejan de ser facturadas. Todo esto dejando de lado cuestiones de ética tributaria.

Y después hay un sinfín de dudas adicionales: si en este contexto, sin las leyes que se enviarán aprobadas, los incentivos generados son suficientes para generar un impacto significativo; si el consumo que se genera no será más bien un consumo de bienes importados; si ARCA tendrá fuentes de información adicionales para compensar lo recibido por bancos, escribanos, etc.

Con todo, van algunas reflexiones preliminares sobre las medidas

  • Hay una derogación de distintos regímenes informativos mediante los cuales comercios, bancos, procesadoras de pagos y profesionales debían reportar operaciones a ARCA: pagos con débito, crédito o billeteras virtuales, CITI (de escribanos) y COTI, compraventa de vehículos usados, pagos de expensas, consumos relevantes de electricidad, gas, agua, telefonía.

     
  • Algunas de estas transacciones implicaban formularios y costos administrativos para la gente (o empresas chicas como administradoras de consorcios), lo cual su derogación es una muy buena noticia. Pero otras no: procesadoras de pago o agregadores (Prisma, Fiserv, Mercadolibre, bancos) enviaban información a ARCA y ya no lo harán. Acá entonces el argumento de los costos para la gente no se sostiene mucho, y está más en línea con hacer la vista gorda a transacciones formales y bancarizadas, seguramente para evitar inconsistencias declarativas entre ingresos y consumos, o entre ingresos y patrimonio.
     
  • O sea, el Impuesto a las Ganancias y a los Bienes Personales siguen existiendo, al igual que el régimen sancionatorio. Pero se reduce la capacidad de encontrar, en algunos casos, inconsistencias: la simplificación viene de la mano de reducir estándares de control (sabiendo que, con la tecnología, potencialmente se puede lograr simplificación sin reducir esos estándares).
     
  • Las facturas sobre determinados montos (que se aumentaron con estas medidas a $10 millones) no tendrán identificado al comprador, lo que implica que los bienes no registrables (heladeras, lavarropas) pueden ser un destino poco arriesgado para usar dólares guardados.
     
  • Un ejemplo: una persona tiene USD 5.000 sin declarar, ¿puede comprar una heladera en una gran cadena? Como la factura no tiene por qué consignar el nombre del comprador, lo puede hacer. Puede generar una inconsistencia declarativa, pero quedará menos expuesta por ser de menor monto y ser un bien no registrable, y tampoco esa información será recibida por ARCA.
     
  • Otro ejemplo: una persona con USD 200 mil no declarados, ¿puede comprar un inmueble? En principio, esa compra debería hacer saltar una inconsistencia (se ajustaría ganancias por incremento patrimonial no justificado, IVA por ventas no declaradas, bienes personales, etc, más sanciones y denuncia penal). Pero si la información del nuevo inmueble, aunque sea legalmente “registrable”, no llega a ARCA por parte de los escribanos (y asumamos que tampoco de las provincias y registros) podría tener una menor percepción de riesgo y animarse a hacerlo, sobre todo si se aprueba en el Congreso un blanqueo o tapón fiscal. De todos modos, el marco legal sigue siendo el mismo (habrá que ver qué proyectos entran al Congreso) y las inconsistencias deben ser sancionadas.
     
  • Como dijimos al comienzo, todo lo que disimula inconsistencias de ahorros no declarados por no enviar información a ARCA, también colabora para disimular inconsistencias futuras, y eso puede generar, potencialmente, la emisión de menor cantidad de facturas para la misma cantidad de transacciones económicas, haciendo a la economía más informal, no menos. La reducción de la carga tributaria se haría, así, por las malas: no por reducción de alícuotas, sino por más transacciones informales, lo cual genera sesgos y problemas éticos. Para dictaminar esto de manera más concluyente, sin embargo, debemos esperar la reglamentación de todo lo anunciado y la suerte que corra el proyecto de ley en el Congreso.

Como conclusión (insistiendo, preliminar y tentativa) podemos decir que todo esquema de simplificación tributaria y declarativa es muy bienvenido: hay varios estudios que comprueban que los costos de cumplimiento, cuando los trámites son arcaicos y reiterativos, afectan la productividad y el buen desempeño de los negocios. Se han hecho avances en los últimos años, de la mano de la tecnología y la digitalización, pero todavía hay mucha tela para cortar. Pero no parece ser el objetivo central de las medidas, aunque así se lo haya informado. 

Pareciera que apuntan más a incrementar el nivel de consumo reprimido (dólares no declarados sin poder ser usados) o por la necesidad de dólares en el BCRA (diversas compras en dólares irían de cajas de seguridad a cuentas bancarias, que en última instancia se “encajarían” y subirían las reservas brutas). También podemos descartar el argumento de que se necesitan dólares para aceitar la economía por la escasez de pesos: eso es tarea de los bancos centrales y de las tasas de interés. Además, es falso considerar que los pagos con pesos son inflacionarios y los pagos con dólares, no. Así, la principal conclusión es que puede haber un interés genuino de aumentar cierto consumo frente a restricciones de liquidez y, sobre todo, de que haya más dólares que salgan de las cajas de seguridad. Y que también es cierto que todo lo que facilita el uso de esos dólares también facilita la futura evasión tributaria.