“Nadie está contento así que todos lo estamos un poco”. Así resumían anoche algunos el impacto generado por el anuncio de la tan esperada reforma judicial. Casi sin sorpresas, porque el trazo grueso ya circulaba: la unificación de Comodoro Py (el fuero Criminal y Correccional Federal) con Penal Económico, el sistema acusatorio como pilar fundamental de cambios y el famoso consejo consultivo que se encargará de proponerle cambios al presidente con respecto a la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de la Magistratura.

El diablo está en los detalles y por eso tanto en Comodoro Py como en el Palacio leían con atención la letra chica de la reforma: cómo va a ser el desdoblamiento, quiénes van a ocupar esos cargos mientras se hacen los concursos, cuántas fiscalías se van a crear, cuándo va a comenzar el sistema acusatorio, qué plazo hay para ejecutar el traslado de la justicia ordinaria (la que investiga homicidios y robos cometidos en la ciudad) a la justicia porteña, un espacio dominado por el macrismo y los angelicistas que actualmente tienen delitos menos y contravenciones.

En este último punto, se presentan dos cuestiones de disputa. La primera, relacionada a la resistencia que tienen los actuales jueces nacionales a pasar al ámbito porteño (“es pasar a la b”, sostienen). La segunda, por el dinero que sale mantener un sistema judicial: esto puede derivar en un tironeo entre el Ejecutivo Nacional y el Ejecutivo de la Ciudad, que seguro reclamará más dinero del que están dispuestos a darle desde la Rosada.

Con respecto a la fusión y correspondiente duplicación de juzgados hay varias aristas a analizar. La aclaración que hizo Alberto Fernández durante la conferencia donde presentó la reforma al respecto de que las causas que hay actualmente en los juzgados federales y en los tribunales se quedarán en ese mismo lugar no fue casualidad. La oposición de Juntos por el Cambio hizo hincapié en que esta reforma busca la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y correr a los jueces que la investigan. Por si la palabra del presidente y la garantía del juez natural (un concepto técnico que protege al magistrado) no bastaban, la reforma en uno de sus artículos lo deja en claro: las causas actualmente en trámite y radicadas ante Tribunales y juzgados “continuarán su trámite ante esos mismos órganos, hasta su conclusión”.

¿Por qué se considera que la reforma licúa el poder de Py? Pues porque las causas ya no se sortearían ante 12 jueces sino ante 46, lo que disminuiría las posibilidades de que un solo magistrado o magistrada concentre muchos expedientes de relevancias institucional y “los vaya jugando” de acuerdo al timing político. También es cierto que todo mantendría el ADN Py: no es una renovación total, no es empezar de cero, no es derribar la estructura de Retiro como reclamaba cierto sector del Frente de Todos.

También esto se convierte en una herramienta de negociación. Los concursos para ocupar los nuevos 23 lugares van a llevar más de dos años, de acuerdo al procedimiento que incluye la transparencia necesaria y las pruebas orales y públicas. Si bien los subrogantes (los suplentes) van a salir de una lista que elabore la Cámara Nacional de Casación y el Consejo de Magistratura, luego serán enviados al Senado para ratificar su validez. La otra gran puerta a negociaciones con los gobernadores será cuando se pongan en vigencia los nuevos juzgados federales en las provincias.

La implementación de un sistema acusatoria licuaría un poco más aún el poder al que los jueces de Py están acostumbrados. ¿Por qué? Porque sacaría el secretismo que se juega en las investigaciones, porque ya no tendrían el poder para guiar el proceso y porque los fiscales serían quienes comanden el barco. Los jueces se convertirían en los garantes de este proceso, los que controlen que toda vaya bien. 

La otra punta que puede presentar complejidades es la unificación del fuero Contencioso Administrativo Federal y el Civil y Comercial Federal. El famoso fuero de la gobernabilidad (donde recaen, por ejemplo, las causas contra decisiones del Estado) siempre fue más amigable a los Ejecutivos mientras que el Civil y Comercial es bastante hostil, incluso más con los peronismos. El Presidente que se dan muchos reclamos de “qué causa le toca a qué fuero” y que esto era una forma de parar con las dilaciones. El problema que se presenta aquí es que muchos jueces no tienen conocimientos suficientes para entender en ambas especializaciones.

La reforma tendrá que sortear las discusiones en el Congreso de la Nación donde dependerá de cómo sea defendida. El oficialismo espera que todo sea aprobado hacia fines de este año para comenzar 2021 con el nuevo fuero en marcha y el acusatorio con fecha cercana a las elecciones de 2023.