Reglas estrictas, causas abiertas y futuro incierto: qué implica la prisión domiciliaria de Cristina
La exmandataria ya cumple la condena en su casa de Constitución, pero los tiempos judiciales siguen corriendo. ¿Qué condiciones debe acatar? ¿Cómo influye su inhabilitación y por qué su defensa apuesta todo a los tribunales internacionales? Las otras causas que podrían complicarla.
Cristina Fernández de Kirchner comenzó a cumplir la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en la causa Vialidad bajo modalidad de prisión domiciliaria, tal como resolvió el Tribunal Oral Federal N° 2. La medida fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes marcaron una serie de condiciones estrictas para sostener este beneficio.
La expresidenta deberá permanecer en su departamento del barrio porteño de Constitución, en la calle San José 1111, sin posibilidad de salir salvo que exista una situación de fuerza mayor que sea debidamente justificada. Por fuera de esas situaciones, cualquier salida requerirá autorización judicial previa. Además, deberá usar una tobillera electrónica de control, tal como prevé la ley 24.660.
Las reglas impuestas por el TOF 2 también incluyen la obligación de abstenerse de realizar actos que alteren la convivencia o la tranquilidad del vecindario. Esto supone, por ejemplo, que no podrá saludar desde el balcón a militantes o personas que se acerquen al domicilio.
Esa suposición es la que llevó a la defensa de Cristina a presentar un escrito preguntando estrictamente si podía salir o no al balcón. “Parece joda, pero no…Por eso le preguntamos al Tribunal que aclare, por favor, qué comportamiento se encuentra prohibido”, sostuvo la exmandataria en la red X.
En un plazo de 48 horas hábiles, Cristina Kirchner debe presentar un listado de familiares, abogados y médicos autorizados a ingresar a su casa. Cualquier otra visita deberá ser justificada y aprobada por la Justicia. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal será la encargada de supervisar el cumplimiento de estas condiciones, con informes trimestrales al tribunal.
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola se habían opuesto al beneficio por considerar que no existían razones humanitarias suficientes, pero el tribunal ponderó la edad (72 años), el estado de salud y sobre todo el riesgo derivado del intento de asesinato sufrido en 2022, que aún está bajo investigación.
El fallo dejó firme la ejecución de la condena, y aunque no suspende la pena, sí la reemplaza de forma excepcional por el arresto en su domicilio. A partir de ahora, el reloj de su inhabilitación perpetua también comenzó a correr: serán seis años de prisión más cinco desde el cumplimiento de la pena hasta que pueda solicitar una rehabilitación judicial, lo que ocurriría recién en once años y no de manera automática, según el artículo 20 ter del Código Penal.
Con todas las vías judiciales locales agotadas, la defensa de Cristina Kirchner apuesta ahora a los tribunales internacionales. La semana pasada, Gregorio Dalbón presentó ante la Corte Penal Internacional (CPI) una denuncia de “persecución política, judicial y mediática”. También anticipó que habrá una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que podría derivar en una intervención de la Corte Interamericana si se comprueba la violación de garantías constitucionales.
"Si hay una recomendación internacional, la causa debe volver a Casación. Ahí pediremos que se conforme un nuevo tribunal, con sorteo público", explicó Dalbón. Ese eventual escenario no supondría una absolución inmediata, pero sí la posibilidad de un nuevo juicio y, eventualmente, la caída de la condena y de la inhabilitación.
Aunque ese camino legal recién empieza, los antecedentes regionales lo alimentan: Rafael Correa en Ecuador y Lula da Silva en Brasil también enfrentaron procesos judiciales que les impidieron competir electoralmente, aunque luego fueron revertidos.
En paralelo, Cristina tiene tres causas más pendientes en los tribunales de Comodoro Py que podrían complicarla.
La primera es Hotesur-Los Sauces, donde tanto ella como Máximo Kirchner están procesados por lavado de dinero. En esta causa, Lázaro Báez habría transferido millones de pesos como supuesto retorno de contratos de obra pública disfrazados de alquileres de hoteles y departamentos. En este expediente ya se designó a los jueces Adriana Palliotti, Nicolás Toselli y José Michillini, y se espera que el juicio comience en 2025.
El segundo proceso es por el Memorándum con Irán, caso que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman, quien sostenía que el acuerdo bilateral con el régimen iraní fue una maniobra para encubrir a los imputados del atentado a la AMIA. En este expediente también será juzgada Cristina Kirchner junto a otros exfuncionarios como Carlos Zannini, Oscar Parrilli, Juan Martín Mena y Andrés Larroque. Los jueces ya comenzaron a admitir testigos, aunque todavía no hay fecha de inicio.
Por último, la causa de los Cuadernos es la única que ya tiene fecha confirmada: el juicio comenzará el 6 de noviembre, con más de 600 testigos citados. En este expediente, Cristina está acusada de liderar una asociación ilícita que cobraba sobornos a empresarios a cambio de contratos de obra pública. Junto a ella serán juzgados exfuncionarios como Julio De Vido, Roberto Baratta y Juan Manuel Abal Medina, y empresarios como Carlos Wagner, Enrique Pescarmona y Gerardo Ferreyra, entre otros. También figura Oscar Centeno, el chofer que redactó los polémicos cuadernos.
Con la sentencia de Vialidad firme y un calendario judicial recargado, el presente y el futuro político de Cristina Kirchner dependen ahora tanto del cumplimiento riguroso de su prisión domiciliaria como de lo que suceda en los pasillos de La Haya y la CIDH. La batalla está lejos de haber terminado.