Residencias recortadas y tensión creciente: el Garrahan enfrenta otra avanzada del ajuste sanitario
Trabajadores del hospital pediátrico apuntan al Ministerio de Salud por suspender las vacantes en Trabajo Social. Señalan que la medida es parte de una avanzada contra las disciplinas que sostienen una atención integral. El antecedente del Bonaparte y el trasfondo político-ideológico detrás del ajuste.
El ajuste llegó de lleno a la formación de profesionales en uno de los hospitales más emblemáticos del país. Desde el Hospital de Pediatría Garrahan, trabajadores del área social encendieron la alarma por la decisión del Ministerio de Salud de la Nación de no asignar vacantes para la residencia de Trabajo Social, una medida que, aunque todavía no se oficializó, ya fue comunicada por las autoridades del hospital en una reunión interna el último viernes.
La noticia se conoció a través de una carta del Servicio Social del Garrahan, en la que se advierte que esta decisión “desvaloriza a la profesión y su incidencia en procesos interdisciplinarios e intersectoriales de atención en salud pública pediátrica”. No se trata solo de un recorte presupuestario: para muchos, es un síntoma de algo más profundo. “Subyace un gran desconocimiento acerca de la especificidad del trabajo social en un efector de salud de alta complejidad”, señalaron.
La preocupación no es aislada. A comienzos de este mes, un episodio similar ocurrió en el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte, donde directamente no se renovaron los cupos para la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISaM). Allí quedaron fuera especialidades como terapia ocupacional, trabajo social y musicoterapia, mientras que solo se asignaron vacantes para psicología, psiquiatría y enfermería. El mensaje parece claro: el abordaje integral, comunitario y desde múltiples miradas no tiene lugar en la política de salud nacional actual.
Desde ambos hospitales apuntan contra una lógica impuesta por la conducción de Mario Lugones al frente de la cartera sanitaria. “Hay un problema de ajuste, pero también un contenido político e ideológico”, dijo Alejandro Lipcovich, trabajador del Garrahan y secretario general de la Junta Interna de ATE. “Esta gestión desprecia por completo las miradas que no se limitan a la medicina tradicional y a los medicamentos. La salud integral necesita muchas patas, y el trabajo social es una de las más importantes”, sostuvo.
El antecedente del Bonaparte, donde tampoco se repusieron los cupos reclamados, suma evidencia a una política que va tomando forma. “A otras residencias solo les dieron cupos para psicología, psiquiatría y enfermería. Las demás disciplinas quedaron afuera”, relató Victoria Argañaraz, terapeuta ocupacional del hospital. Además, denunció que en varias provincias ya se comunicaron recortes similares, quedando supeditada la continuidad de estas formaciones al financiamiento provincial.
Ese nuevo esquema de “provincialización de la formación” implica que cada jurisdicción deberá hacerse cargo de sostener o no ciertas residencias. Donde no haya recursos, simplemente dejarán de existir. El impacto es directo en la atención de pacientes, que tendrán menos herramientas terapéuticas a disposición. “No es solo un ajuste, es una forma de vaciar la salud pública de contenidos que no se alinean con una mirada médico-hegemónica”, advirtieron desde el Garrahan.
En contraste con esta lógica, algunas provincias decidieron ir a contramano. En Santa Fe, por ejemplo, se confirmó la apertura de inscripciones para las residencias de Terapia Ocupacional y Trabajo Social, junto a otras especialidades. Desde el Ministerio de Salud provincial explicaron que su enfoque sigue apostando por la formación interdisciplinaria como herramienta clave para una atención de calidad. “La formación de recursos humanos comprometidos con la Ley Nacional de Salud Mental es fundamental”, subrayó el secretario Gonzalo Chiesa.
Por ahora, en el Garrahan no hay marcha atrás: la medida será debatida en una asamblea convocada para la próxima semana por la Junta Interna. El reclamo por mejores condiciones laborales y salariales ahora suma una nueva bandera: la defensa de la residencia de Trabajo Social, una herramienta que permite garantizar derechos, acompañar procesos complejos y sostener redes para pacientes de todo el país. Mientras tanto, el Ministerio de Salud sigue sin pronunciarse oficialmente.