El Consejo de la Magistratura por un lado y la justicia federal por el otro investigan una vulneración a uno de los lugares clave dentro del sistema judicial: la oficina de declaraciones juradas, donde se archiva la información sensible de jueces y funcionarios federales.

La causa penal -donde intervienen el juez Daniel Rafecas y el fiscal Ramiro González- se inició tras el descubrimiento, post feriado del 20 de junio, de que una puerta de la oficina estaba abierta. Se trata de un lugar ubicado en el octavo piso de Sarmiento 877 y no es un lugar donde, por ejemplo, vayan los y las consejeras.

“Observó que la puerta de ingreso a la cocina, que limita con el hall central del piso se encontraba abierta, sin llave y arrimada”, dice la resolución que esta tarde firmó Horacio Rosatti en su rol de presidente del Consejo de la Magistratura y donde abre un sumario interno para localizar administrativamente a los responsables.

Revisaron información clave de las declaraciones juradas de jueces y funcionarios federales

De acuerdo a la resolución a la que accedió Data Clave, Rosatti ordenó la inmediata intervención del Cuerpo de Auditores del Poder Judicial.

Mientras tanto, en la justicia federal se investiga la pata penal de la trama. Cabe destacar que las declaraciones juradas de los jueces y funcionarios tienen una parte pública y otra reservada. Justamente eso es lo que habría sido vulnerado: allí están contenidos los detalles de datos personales familiares, cuentas bancarias, inversiones. 

En base a esto, se citará a todos los que pudieron ser víctimas de la maniobra. No está claro aún el objetivo de la situación ni cual era el fin. Tampoco hay, hasta el momento, imputados.